domingo 19 septiembre 2021

Sentencias sin perspectiva de género: cuando el poder judicial obstaculiza el ejercicio de derechos

Foto de portada: Ni una Menos

Marisol Fretes*

En la actualidad, Argentina no escapa a una realidad global en materia de violencia machista o violencia por razones de género. Vale decir que, por cierto, se han verificado cifras alarmantes que se han agudizado en el marco de pandemia declarada por la COVID 19.

En ese sentido, me parece interesante poder hablar de la violencia de género como violencia institucional desde otras esferas del Estado. Particularmente, la que ejerce un sector del Poder Judicial cuando no juzga con perspectiva de género y reproduce elementos estereotipantes y prejuiciosos que solo revictimizan a las víctimas de estas violencias, impidiendo u obstaculizando el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a un tutela judicial efectiva, a un juicio imparcial, a no ser discriminada por razones de género, entre muchos otros.

Es un tema que está ocupando un lugar central en los debates de los movimientos feministas en Argentina. Una problemática que no es la única en esta materia pero que expone claramente otra forma posible de la violencia de género en su modalidad de violencia institucional.  

Para ponernos en contexto, Argentina es Estado Parte de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, otorgándole jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994. También ha ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con la Mujer, que tiene jerarquía superior a las leyes. En virtud de estos compromisos internacionales, en el año 2009 el Congreso de la Nación dictó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley define cuándo las violencias por razones de género asumen la modalidad de violencia institucional.  En sus primeros artículos, al definir qué es la violencia contra las mujeres[1], aclara que esa definición queda comprendida las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Más adelante, en su artículo 6°, define específicamente cuándo la violencia contra las mujeres asume la modalidad de “violencia institucional”. Dispone que es aquella realizada por las/los funcionarios/as, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley, quedando comprendida en esa definición las que ejercen los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Por su parte, la obligación del Estado argentino de juzgar con perspectiva de género encuentra fundamento en diversas normas, principalmente, en el deber de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales sin discriminación por razones de género. Además, la ley que mencioné anteriormente incorpora normas que reconocen derechos y garantías que deben cumplirse en el marco de procedimientos administrativos y judiciales. Entre los derechos y garantías que reconoce encontramos el derecho a obtener una respuesta oportuna y efectiva, que se tenga en cuenta nuestra opinión a la hora de arribar a una decisión que nos afecte, a la protección de nuestra intimidad, a recibir un trato humanizado evitando la revictimización, entre otros. Asimismo, reconoce el principio de “amplitud probatoria” para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos[2].

Con estos elementos definitorios y el contexto normativo, me interesa comentar un caso particular que para nuestro país fue emblemático porque dio lugar a las masivas movilizaciones de los movimientos feministas en Argentina, bajo el emblema “Ni una menos”, que logró visibilizar y poner en agenda esta “otra pandemia” que es la de la violencia machista o las violencias por razones de género. Me refiero al caso de Lucía Pérez Montero. Lucía tenía 16 años. Fue drogada, violada, y asesinada brutalmente en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, por dos hombres que aun hoy siguen procesados.

En primera instancia, el Tribunal Criminal n° 1 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, resolvió absolver a los acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefaciente y del femicidio[3]. Tanto la defensa de los acusados como el Tribunal utilizaron argumentos basados en aspectos personales de Lucía, así como comportamientos y actitudes anteriores al hecho. De esta manera, el Tribunal -compuesto, por cierto, solo por varones- utilizó conceptos que prefijaron el razonamiento jurídico y, con bajos esas premisas, decidieron sobre el femicidio de Lucía.

Bajo el título “¿Era lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a relaciones sexuales sin consentimiento?”, los jueces desarrollaron una serie de argumentos prejuicios y estereotipantes que, claramente, resultan violatorios de todas las normas que acabo de mencionar. Tratando de justificar su decisión, apelaron a chats privados de Lucía para decir que existía cierta “liberalidad sexual” que hacía imposible que tuviese relaciones sexuales no consentidas. Se hizo referencia a cómo era en su escuela, con su familia, incluso que tenía relaciones sexuales con personas mayores a ella. Mencionaron que tenía una personalidad fuerte y que, por tanto, ello hacía imposible que fuese sometida a relaciones sexuales sin consentimiento. Apelaron también estereotipos para decir que el principal acusado de este hecho no parecía ser una persona que haya tenido la intención de abusar sexualmente de ella y drogarla hasta causar su muerte. Agregaron que la poca diferencia de edad entre el acusado y Lucía los hacía presumir la existencia de una relación consentida. Por si fuera poco, desconociendo totalmente las especiales circunstancias en que puede darse este tipo de violencia, entendieron que hubo consentimiento por parte de Lucía porque ya conocía al acusado y acudió voluntariamente a su encuentro.

Resulta evidente entonces, conforme lo previsto en la Ley 26.485, que se encuentran reunidos los elementos que configuran la violencia género en su modalidad de violencia institucional, en tanto el tribunal interviniente obstaculizó e impidió el ejercicio de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico argentino.

 Ahora bien, hay que destacar también que en los últimos años se emitieron diversas sentencias en las que sí se cumplió con la obligación estatal de juzgar con perspectiva de género. Específicamente en este caso, fue el propio poder judicial provincial el que determinó que la falta de perspectiva de género en la investigación judicial generó nulidades que afectaron de manera esencial el proceso penal. Así, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, su instancia revisora, anuló la sentencia en cuanto al abuso sexual y dispuso la devolución del expediente al Tribunal de origen para que vuelva a realizar la investigación cumpliendo con la obligación de juzgar con perspectiva de género[4]. Entendió que en la investigación hubo un déficit de imparcialidad, pues los jueces pusieron el acento en las actividades y personalidad de la víctima, edificando sobre su persona un ilegítimo argumento subjetivo.

En este sentido, sostuvieron que “Lucía fue victimizada secundariamente por los jueces, atentando contra la intimidad y su dignidad y la de su entorno, debiéndose considerar un claro signo de estigmatización”. Que, en definitiva, lo importante no era recalar en su vida personal sino en evaluar la prueba a los fines de determinar si en el caso concreto se encontraba en condiciones de consentir libremente el acto sexual.

También que la sentencia siguió “…perpetuando estereotipos de género, decidiendo arbitrariamente y sin una derivación razonada de las constancias (aún considerando que las mismas sean deficientes), y sin una perspectiva de género. La influencia de los estereotipos de género discriminatorios demuestra su parcialidad y es una expresión de violencia institucional.”

Señalaron que “Lucía no coincidía con las expectativas de los roles que una sociedad patriarcal espera de una mujer, su comportamiento no encuadraba en el estereotipo de sexo. Para los magistrados, Lucía no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir”.

En virtud de ello el Tribunal concluyó que la sentencia de primera instancia era arbitraria, apartada del objeto sometido a decisión y sin de perspectiva de género. La decisión de la instancia revisora fue confirmada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos, máximo tribunal local, mediante sentencia del 12/05/2021[5].

El caso de Lucía, al menos en lo que respecta a la sentencia de primera instancia, expone un claro ejemplo de violencia de género en su modalidad de violencia institucional cometida parte del Poder Judicial. Es urgente repensar nuestras instituciones y sus dinámicas. De mínima, considero que la capacitación constante de todo el sistema de justicia resulta una herramienta esencial para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado en esta materia. Por otra parte, la paridad en las instancias decisorias del Poder Judicial, además de ser un requisito de legitimidad democrática de cualquier órgano constitucional, permitiría contar con otras visiones y percepciones sobre estos casos.

Hay un largo camino por recorrer, y por momentos nos inunda una profunda desesperanza, pero estoy segura de que los feminismos seguirán con su fuerza expansiva como lo hicieron siempre, conquistando derechos, generando puentes, construyendo libertad. ¡Fuerza todas!


Notas

[1] Cfr. art. 4° de la Ley 26.485. La ley dispone que violencia contra las mujeres es toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal, y que queda comprendida en esta definición aquella perpetrada por el Estado o sus agentes.

[2] Cfr. art. 16 de la Ley 26.485.

[3] Tribunal en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, “FARIAS, Matías Gabriel- MACIEL, Alejandro Alberto- OFFIDANI, Juan Pablo s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad- abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio- encubrimiento a gravado por la gravedad del hecho precedente”, sentencia del 26/11/2016.

[4] Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, “FARIAS, Matías Gabriel y OFFIDANI Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por el Fiscal General; FARIAS, Matías Gabriel, MACIEL, Alejandro Alberto y OFFIDANI Juan Pablo s/recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado; FARIAS, Matías Gabriel y OFFIDANI, Juan Pablo s/recurso de Casación”, sentencia del 12/08/2020.

[5] Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Farías, Matías Gabriel y Offidani, Juan Pablo s/ Queja en causa N° 95.425 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”, sentencia del 12/05/2021.


*Magíster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Especialista en Asesoramiento Jurídico del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (PTN). Abogada por la Universidad de Buenos Aires. Docente (UNDAV y UNPAZ). Abogada dictaminante en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de Nación.  

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