Con el objetivo de discutir los desafíos que presenta el abordaje de las problemáticas vinculadas a la salud mental en los diversos territorios, llevamos a cabo el conversatorio “Salud mental: Políticas públicas y estrategias comunitarias” que se desarrolló en el auditorio Eva Perón de la sede central de la Asociación de Trabajadores del Estado. Contó con la participación de Daniel Ripa*, Magalí Batiz**, y Fernanda Popolizio***.
Incorporando perspectivas que surgen tanto del acompañamiento a situaciones de consumo problemático y violencias por motivos de género, como de la gestión estatal, el encuentro estuvo centrado en el incremento de los padecimientos de salud mental y las estrategias que se dan en los territorios para construir una red de contención comunitaria. Del intercambio de sus ideas, destacamos algunas consideraciones que nos parecen fundamentales para seguir pensando una agenda en común.
En primer lugar, Fernanda puso de manifiesto que no es posible hablar de salud mental si no se tiene en cuenta la intervención comunitaria y los recorridos de lucha que vienen realizando las organizaciones sociales para dar una respuesta organizada en aquellos barrios con altos niveles de consumo problemático. Cuenta de eso dan las movilizaciones y mesas de trabajo articuladas entre estos movimientos, algunos sectores de la Iglesia y el Estado que permitió la creación de la red de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, desplegada en municipios de todo el país.
En el mismo sentido, resulta prioritario generar un enfoque de la salud mental que sea comunitario y popular. Para ello, es esencial que la comunidad sea el centro de acción de este tipo de prácticas, lo que se traduce en contar con promotores y promotoras de la salud que surjan del mismo entorno. De esta manera, es indispensable que los equipos de atención se conformen no solo con profesionales de la salud, sino con vecinos del barrio que hayan podido capacitarse: ellos deben ser quienes convoquen y colaboren en el abordaje. Eso facilita la colaboración y la cercanía, y ayuda a empoderar políticamente a la propia comunidad en la mejora de sus condiciones de vida.
Una atención de la salud mental debe ofrecer una respuesta integral. Es necesario intervenir en todas las esferas donde están los problemas del individuo, no sólo centrarse en los consumos problemáticos. Esto implica desarrollar proyectos de economía popular o creación de empleos que permitan atender la precarización laboral así como la creación de bachilleratos populares y espacios de primera infancia (EPI) para que jóvenes y adultos puedan retomar sus estudios o para que las mujeres puedan dejar a sus hijxs e ir a trabajar o estudiar.
Respecto al abordaje de las violencias por razones de género, Magalí consideró como un eje fundamental contemplar los avances que produjo la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) en el ámbito público, que implicó la adopción explícita de una perspectiva de derechos humanos y un enfoque integral para brindar asistencia a aquellas situaciones que se presentaban en los distintos centros de prevención.
Este cambio de paradigma, sin embargo, aún debe enfrentarse con aquellos sentidos que produce el modelo médico hegemónico. Aún persiste una patologización de las violencias, que ha llevado a prácticas que revictimizan y medicalizan a las personas que atraviesan estas situaciones. Se recetan psicofármacos -que no han demostrado una efectividad adecuada- y se aísla el problema de salud mental de la situación de violencia patriarcal y de una desigualdad de poder en la sociedad. De esta manera, se reproduce el poder existente y se convierte en un arma ideológica.
En este campo es importante destacar el nuevo modelo de abordaje que comienza a ser incorporado en Argentina, como producto de la lucha de los movimientos feministas que implicó una transformación del modelo de atención de las violencias machistas del sistema sanitario, avanzando a una atención basada en los derechos humanos, con perspectiva de género, integral, interseccional y con abordaje comunitario.
Seguir trabajando en esta dirección implica integrar todas aquellas estrategias y acciones dirigidas a garantizar el goce y la restitución de sus derechos vulnerados, coordinando y articulando los diferentes servicios institucionales que se ofrecen desde el Estado y la sociedad civil.
Daniel destacó que es fundamental considerar cuáles son los determinantes económicos y sociales implicados en los padecimientos de salud mental y la necesidad de realizar una evaluación de las políticas públicas en esta materia. El capitalismo tardío favorece el aislamiento, la adicción a las redes sociales, la precariedad o el trabajo invisible de las mujeres. Es necesario desarrollar políticas que vayan en la dirección contraria, de ciclo contrario. Un avance en la reducción de la temporalidad en el trabajo, en el apoyo a los recursos comunitarios, en el reconocimiento de las trabajadoras del hogar o en el incremento del apoyo al cuidado de mayores y menores dependientes, va a tener más impacto sobre la salud mental que las políticas específicas que se restrinjan al ámbito sanitario.
Del mismo modo, es necesario revisar los efectos de la pandemia. De qué manera el aislamiento social de las personas mayores en residencias o geriátricos, el colapso de la atención primaria, los problemas en el abordaje del suicidio y la salud mental infanto-juvenil y la incertidumbre económica y vital que se ha vivido en estos meses y que ha afectado en gran medida a los jóvenes, ha impactado negativamente en la salud mental.
A modo de cierre y de cara a los desafíos por venir, se discutió sobre la necesidad de crear comunidad para poder abordar la salud mental y viceversa. En este sentido, se concluyó que difícilmente una política pública sea efectiva si no tiene en cuenta las especificidades de cada unos de los territorios, su historia, su conformación, sus necesidades y si no hace parte del proceso a las personas implicadas. Del mismo modo, es necesario mantener con vitalidad esta agenda en el interior del feminismo, las organizaciones y los partidos políticos para poder continuar con las conquistas que se alcanzaron como producto de sus demandas y su lucha.
* Daniel Ripa es Diputado en el Parlamento de Asturias, donde preside la Comisión de Salud. Fue Secretario General de Podemos Asturias y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos entre 2015 y 2021.
** Magalí Batiz es socióloga feminista y trabajadora de la salud en la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
*** Fernanda Popolizio es estudiante de Psicología, militante del Movimiento Evita e integrante de la Mesa Nacional de Casa Pueblo Argentina. También se desempeña como trabajadora de la salud en Sedronar.
20/04/22
