martes 15 junio 2021

Protesta, disrupción y violencia contra las mujeres en Colombia

Elena María Escobar Arbeláez*

La protesta social pacífica es en acto político que en Latinoamérica ha servido para canalizar demandas democráticas y demandas sobre derechos que, a pesar de estar institucionalizadas en muchas de nuestras Constituciones, simplemente no han sido cumplidas.

La protesta es un derecho[1] que nos sirve como ciudadanía para ejercer, proteger y exigir el cumplimiento de otros derechos; nos permite, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión de ideas, disensos, denuncias o reivindicaciones, nos permite, por ejemplo, la protección de otros derechos como la identidad, la vida, el ambiente sano; o nos permite, por ejemplo, exigir el cumplimiento de políticas públicas sociales que redunden verdaderamente en el bienestar colectivo y no en el de unos pocos.

Pero más que eso, ante circunstancias de pobreza y desigualdad extremas, de discriminación racial, sexual y socioeconómica y de abuso y concentración del poder, la protesta pacífica no sólo es una acto político o un derecho, sino que se convierte en un deber democrático[2]. Quiero pensar que así lo está entendiendo esta generación de colombianas y colombianos y con esperanza aplaudo la movilización social actual.

Ahora bien, entendido ese deber, me interesa aquí traer a colación un elemento esencial en la protesta social pacífica, y es el elemento disruptivo de las mismas. Diferenciar el elemento disruptivo de la protesta pacífica, de la violencia es vital porque, según estándares normativos nacionales e internacionales, ésta última es la que habilita o no el uso de la fuerza pública en contextos de manifestaciones. El elemento clave aquí es el concepto de disrupción o de molestia.

Como ha reconocido la Corte Constitucional, es una condición sine qua non para que se active la protección constitucional del derecho a reunirnos, manifestarnos y protestar, que lleven a cabo de forma pacífica, es decir no violenta. Ahora, la referencia a la no violencia, no implica que se anule el hecho de que el ejercicio de protesta conlleva necesariamente a alguna forma de alteración al orden público. Lo contrario negaría la naturaleza disruptiva de la misma[3].

Así, debemos siempre reconocer y aceptar que en distintas circunstancias las protestas generan molestias y afectan el normal desarrollo de otras actividades, pero esa situación no vuelve per se ilegítimas a estas formas de expresión, y no habilita per se el uso de la fuerza policiva o de la fuerza pública para su disolución. La disrupción genera incomodidad y un cambio en el orden regular de la sociedad para llamar la atención acerca de una idea particular que se expone al público, ese es su valor democrático, llamar la atención sobre temas que no son discutidos en la agenda pública o política.

En palabras de S. Tarrow[4] la disrupción obstruye las actividades rutinarias de la ciudadanía. El poder de la acción colectiva disruptiva radica en su capacidad para desafiar a las autoridades, fomentar la solidaridad y crear incerteza: no es violencia, pero tiene tintes rebeldes. La diferencia básica entre la disrupción y la violencia es que la primera permite aumentar los apoyos a la movilización por sus contenidos simbólicos, culturales o pacifistas, otorga poder al movimiento, rompe la normalidad, pero mantiene el carácter pacífico lo que en último término dificulta la justificación de la represión.

Podemos pensar que entre la disrupción y la violencia hay líneas tenues, delgadas, sutiles, sí, pero tales líneas, en todo caso tienen que ser definidas, en un Estado social y democrático de derecho, en pro de la vida y la integridad y no en su contra. Pongo ejemplos, pintar un grafiti en propiedad privada o en bienes públicos, es disruptivo sí, pero no puede terminar en con la muerte del grafitero; bloquear temporalmente vías, hacer ruidos, emitir arengas que contengan incluso insultos, puede ser disruptivo sí, pero no puede terminar pérdidas de ojos por impactos de balas de goma derivadas de un uso incorrecto de la fuerza pública. Cuando se activa el uso de la fuerza policiva, su ejercicio siempre debe ser proporcional, necesario y gradual[5]. Hoy este ideal no es real.   

Pero vuelvo a los ejemplos. Hay claros casos en los cuales la disrupción y la violencia son diferenciables, así, es claro que grabar un video en una protesta social no es disruptivo y, no puede terminar, como lastimosamente sucedió el pasado 12 de mayo de 2021 en Popayán – Colombia, con la retención arbitraria de una joven adolescente y en abusos y violación sexual por parte de agentes estatales.

Lo relevante de los ejemplos es que no podemos generar equivalencias entre piedras y balas, porque las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía nacional son instituciones cuyo deber ser es la protección y el respeto de los derechos humanos de las y los manifestantes, y del cumplimento de ese deber depende su legitimidad como institución estatal.  

Sabemos que ese deber ser no se cumple en la mayoría de los casos. En nuestra región, las y los participantes en protestas han sido muchas veces víctimas de estigmatizaciones institucionales, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, torturas, malos tratos y privaciones ilegales de la libertad. En Colombia la regla general de respeto a la protesta social se ha vuelto una excepción, y la violencia represiva se ha instaurado, lastimosamente, en nuestra cotidianidad.

No es nuevo que la protesta social se estigmatizada en Colombia, ya son viejas conocidas las teorías del enemigo interno, del protestante-guerrillero o de la manifestante-vándala. Estas estigmatizaciones vienen desde las leyes que han limitado la protesta social en Colombia, como la Ley de Seguridad Ciudadana de 2011 y el Código de Policía y Convivencia Ciudadana de 2016, que, precisamente criminalizan y estigmatizan algunos de los elementos disruptivos de la protesta. Es este Código de Policía en donde está el fundamento legal de la polémica figura de la asistencia militar que se usó al inicio de las protestas y que agravó la indignación y el rechazo por parte de la ciudadanía. Lo anterior, porque en un Estado social y democrático de derecho, la fuerza armada militar no puede ser usada como política de choque contra los reclamos por la inconformidad de una parte de la población. Esa iniciativa, es más propia de una dictadura.

La respuesta del Gobierno, de los órganos de control y de la misma institución policiva hoy es triste e indignante, pues se han centrado en construir una narrativa de negación del problema de la violencia policiva y el abuso del poder por parte de las fuerzas armadas. El discurso se niega a ver la sistematicidad del problema y se recoge en afirmar la tesis de unas pocas manzanas podridas. Esto redunda no sólo en violencia física sino en violencia institucional contra las y los manifestantes, y esa es nuestra situación actual.

Este discurso, de nuevo ataca el elemento disruptivo de la protesta pacífica y genera violencia institucional. Ahora bien, ¿cómo afecta particularmente esa violencia institucional a las mujeres?   

Las mujeres como sujetos políticos y activos en la protesta social siempre hemos sido y seguiremos siendo disruptivas y pacíficas. Cómo afirma Amelia Valcárcel, entre muchas otras, el feminismo es por esencia pacifista, y desde los colectivos feministas es vital poder trasmitir el mensaje de que la disrupción y el pacifismo no son elementos contradictorios, y en esto los feminismos tienen larga experiencia pues los feminismos no atacan al otro, ya que por definición quieren integrarlo, el feminismo en su conjunto es una teoría política de la igualdad.

Pacifista sí, pero reivindicativo, revolucionario, incluso muchas veces reactivo, es decir, disruptivo. El elemento disruptivo en este caso empieza porque desafía al patriarcado, ese patriarcado que nos dice que en casa y calladas estamos mejor, que nos señala como descarriadas u ociosas si salimos a protestar por nuestros derechos, a denunciar discriminaciones y a desenmascarar la pobreza que, en un país como Colombia, tiene mayoritariamente cara de mujer.

Ahora, sabemos que durante contextos de protesta social, existe un riego diferenciado, vinculado con el hecho se ser mujer que se traduce en múltiples formas de discriminación y mayor exposición a agresiones y violencia por parte de agentes estatales, entre otras recogidas en la Ley 1257 de 2008: Requisas invasivas, expresiones sexistas, relacionadas con el cuerpo de la mujer o de la forma de vestir, actos de exhibicionismo o de desnudez forzada, toma de registros audiovisuales no consentidas, burlas y humillaciones sobre el cuerpo de las mujeres, violación sexual, actos abusivos o las amenazas de tales actos por parte de la fuerza pública sobre las mujeres protestantes, tocamientos indebidos, masturbación, arrinconamiento, manoseo, roces corporales, ofrecimiento de terminar situaciones de abuso de la fuerza a cambio de favores sexuales por parte de las mujeres protesta, entre otras.

El abuso del poder policivo está fundado en estereotipos de género y busca mantener las estructuras patriarcales. Por ello, para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres es preciso, en primer lugar, una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria. Y aquí es muy importante empezar por reconocer que la fuerza policiva, en general, llega a la represión de una manifestación permeada de estereotipos de género, que convierten a las mujeres en sujetos inmediatos de reproches… “porque ellas no deberían estar allí”. Estos estereotipos también se basan en relaciones inequitativas y asimétricas de poder, que el contexto de la protesta social, se incrementan por la ausencia de control del poder. Allí, lastimosamente, toda la autoridad estatal se reduce al agente de la fuerza policiva o armada. Por tal motivo, es preciso desactivar los nocivos estereotipos de género para que a las mujeres no se les perciba según las pautas de lo que “deberían” hacer sino que se les considere por lo que son: sujetos políticos, sujetos sentipensantes que están allí expresando sus ideas, denuncias y/o reivindicaciones.

La esperanza hoy en día puede venir de recordar que tanto el feminismo como grandes cambios sociales se ha construido a través de protestas, de protestas pacíficas y de protestas disruptivas, rompedoras, atrevidas y soñadoras. La protesta en Colombia se da porque las situaciones de millones de personas no aguantan más el trato de no ciudadanos y ciudadanas que les ofrece un modelo neoliberal de rapiña y la creencia de algunos de que los derechos son privilegios, por ello, en este caso, repito, la protesta es, además de un derecho y un acto político, un deber democrático y feminista. La presencia de las mujeres en las manifestaciones y reuniones siempre será un buen síntoma democrático, pero no podemos quedarnos en ello, el movimiento político y el alcance de lugares institucionales sigue siendo nuestra meta en Colombia y en el mundo. Termino con una frase de Clara Campoamor: “La libertad se aprende ejerciéndola”.


Notas

[1] Este derecho se desprende de otros reconocidos a nivel internacional como nacional. Derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y derecho a participar de los asuntos públicos. Estos últimos están reconocidos entre otros instrumentos por la Convención Americana de DDHH (arts. 15), el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos (arts. 21) y la Constitución Colombiana de 1991 (arts. 20, 37 y 40)

[2] La Corte Interamericana ha reconocido que, en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”. Cfr. Corte IDH. Caso López Lone Y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.

[3] Sentencia Corte Constitucional de Colombia, C-009 de 2018. M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado

[4] Sidney TARROW: El poder en movimiento: los movimientos sociales la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997, pp. 179 e ss.

[5] Reporte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:  Protestas y derechos humanos. Estándares sobre derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal de 2019, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf 


*Doctoranda de la Universidad Carlos III de Madrid, Magíster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Abogada de la Universidad La Gran Colombia de Armenia y Especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Chile, respectivamente. Ex-funcionaria de la Corte Constitucional de Colombia. Feminista, Latinoamericana, sentipensante.

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