miércoles 25 noviembre 2020

Profundizar el “Nunca Mas”

Fotografía: NATACHA PISARENKO / AP

Federico Delgado*

En la República Argentina las políticas en materia de memoria han sido varias y en general se sostuvieron en el tiempo. El estado nacional mantuvo su compromiso con el repudio de los crímenes de lesa humanidad de los años ’70 y ’80 del siglo pasado. Es verdad que las diferentes coaliciones que ocuparon los roles de gobierno desde 1983 tuvieron sus matices y sus problemas, pero el estado siempre reivindicó que su lenguaje es el de la vida. 

La administración de Raúl Alfonsín, con mucho coraje, elevó la bandera de los derechos humanos y enjuició a los máximos responsables del gobierno dictatorial. La reacción de un sector de la sociedad que le arrancó a la democracia las leyes de obediencia debida y punto final un tiempo después, que obturaron los juicios contra los represores, no opacó el compromiso de aquel gobierno. Carlos Saúl Menem completó con los indultos a los condenados por delitos de lesa humanidad el intento de impedir el castigo penal. No obstante, alentó otro de tipo de reparaciones de naturaleza económica y simbólica. 

El agotamiento del experimento político de la ley de convertibilidad, que ató el peso argentino al dólar estadounidense, congeló las políticas públicas en nuestro país desde fines de 1999 a diciembre de 2001. Pero en las calles los reclamos estuvieron más vivos que nunca y fueron un núcleo de prescripciones que generaron la reacción popular de diciembre de 2001. Sobre todo, cuando el gobierno del presidente Fernando De la Rúa ordenó reprimir con la policía y sus caballos a las Madres de Plaza de Mayo que buscaban impedir un baño de sangre la mañana del 20 de diciembre. Sobre ese magma, el 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner tomó la posta de Raúl Alfonsín y creó las condiciones políticas para que el estado nacional dictara y reeditara políticas en materia de memoria. En particular, impulsó desde las instituciones en las que se objetiva el estado la reapertura de los juicios criminales contra los represores, pero también diseño otro tipo de intervenciones simbólicas.

 Ese senderó estatal se mantiene firme hasta el día de la fecha.  A pesar de algunas señales contradictorias entre los años 2016 y 2019, cuando gobernó Mauricio Macri, la sedimentación del reclamo de verdad y justicia en el entramado institucional enhebró un compromiso en derredor del “nunca más” que llegó para quedarse. Probablemente la reacción social contra la sentencia de la Corte Suprema del 3 de mayo de 2017, que computaba para los represores dos días de prisión por uno mientras la sentencia no estuviese firme recordó una vieja advertencia de John Locke. Decía Locke que los derechos naturales [los derechos humanos] están inscriptos en el corazón de los hombres. Quedó bien claro desde esa fecha que “nunca más”

El “nunca más”, de todas formas, es un horizonte normativo para el estado republicano.  Propongo pensar esta frase como una forma de hacer efectivas las políticas de memoria mediante el castigo en clave republicana; es decir, como un proceso que incluye los juicios pero que no se agota allí y que está anclado en un imperativo ético que dice que todos los ciudadanos están obligados a rendir cuentas frente a sus pares ciudadanos, verdaderos titulares del poder político sobre el que se edifican las instituciones del estado.

En esa perspectiva propongo imaginar un árbol con muchas ramas. Las ramas identifican las bases sociales que crearon las condiciones, que luego sostuvieron y que después defendieron ética y legalmente la violencia estatal desatada a sangre y fuego, pero nominalmente “en nombre de la ley”. Repasemos cuántas de las personas que integraron los grupos sociales rindieron cuentas al estado republicano en términos legales y morales. Rápidamente vamos a chequear que en nuestro país no hubo aún un profundo y sostenido camino de rendición de cuentas acerca de la dimensión económica de la violencia política.  Aunque probablemente allí aniden las cuestiones menos visibles, pero más profundas, para comprender el devenir político de la argentina en la segunda mitad del siglo XX.

 En efecto las políticas de memoria, verdad y justicia se concentraron en quienes llevaron adelante la represión clandestina, tanto con respecto a sus autores directos como mediatos. Ello es muchísimo y saludable. Pero, el “nunca más” en tanto horizonte normativo republicano exige más profundidad.

Rodolfo Walsh, por ejemplo, delineó los contornos de un camino que aún el estado republicano no recorrió. En su “Carta Abierta a la Junta Militar” en 1977, decía Walsh que “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada” En esta perspectiva normativa yace una deuda que la sociedad tiene consigno misma. Aunque el tema excede el nivel de generalidad de estas líneas, voy a señalar al menos dos vectores que llevan a profundizar aquel horizonte ético.

La premisa que a esta altura nadie honestamente discute, revela que la sociedad argentina fue reformada a sangre y fuego, porque así se generaron las bases del proceso de reformas neoliberales instauradas desde los años ’90 y cuya matriz cultural, social y política mantiene encorsetada a la sociedad argentina, particularmente en derredor del modelo de especulación financiera que generó un brutal proceso de fragmentación social. Quienes encarnaron ese camino se sirvieron de las instituciones estatales a las que desdoblaron. Mientras el estado renunciaba al lenguaje de la ley y torturaba y asesinaba, ese mismo estado diseñaba e implementaba políticas públicas que sin aquel sustrato de violencia no hubiesen podido materializarse.

En este último aspecto se ubica el desafío en términos de memoria; es decir; en reconstruir la identidad de quienes tomaron las instituciones públicas, en develar cómo lo hicieron y en identificar a los beneficiarios de esas políticas.  Y este tópico lo podemos pensar, como decía, en un doble nivel de análisis. Esto es, desde un punto de vista macro y desde un punto de vista micro.

En términos macro, probablemente en ese momento histórico se condensaron gran parte de los rastros que nos ayuden a comprender los motivos, por ejemplo, que frustraron el paso de una sostenida política de industrialización por sustituciones de importaciones hacia al siguiente objetivo que recorrieron los países centrales (más allá de los crónicos problemas de déficit en la balanza de pagos señalados por la Cepal). También allí están los gérmenes de un endeudamiento externo funciona como un chaleco de fuerza para toda nuestra vida pública. No es obra del acaso que la toma del estado para fines particulares y la deuda externa, probablemente uno de los rasgos que distingue con más fuerza esa situación, permanezcan escindidos de las políticas de memoria. 

Es que la violencia fue un recurso político que afectó el inalienable derecho del estado republicano a establecer, definir y materializar sin interferencias el bienestar general. Ese déficit normativo del “nunca más” es el desafío actual que está pendiente. Y vincular este plano macro con la dictatura de manera concreta, específica y rigurosa constituye uno de los primeros pasos en materia de profundizar las políticas de memoria. En otras palabras, la “imposibilidad económica” de nuestro país está indisolublemente unida a la reforma que a sangre y fuego se llevo adelante desde el propio estado.

Decía que había un plano micro para pensar el tema. Llamo a este plano micro la “mercantilización del terror” No puedo definir aquí con demasiada precisión el término. Basta con señalar que tiene que ver con la apropiación de bienes derivada y a propósito del ejercicio clandestino de la violencia. Significa que muchos actores de la represión ilegal la utilizaron como motivación para apropiarse de bienes, en sentido amplio, de sus ocasionales víctimas.  Reconozco que hay algunos procesos judiciales en marcha y otros fenecidos que se ocuparon del tema. Pero ello no alcanza. Es preciso planificar una política de reconstrucción de la memoria en términos de la “mercantilización del terror”.

El concepto tiene múltiples abordajes a su interior, ya que incluye varios comportamientos. Por ejemplo, el robo de bienes en medio de los allanamientos ilegales, el robo de inmuebles, el robo de dinero en efectivo y la apropiación de empresas motivadas en la represión concreta o en la amenaza de ella. La enumeración es enunciativa, pero nos lleva a un terreno brumoso que tiene que ver con el uso particular de la represión para conseguir fines económicos no siempre ligados directamente a la dictadura, pero perfectamente compatibles con su imaginario signado por el espíritu del neoliberalismo: egoísmo, cosificación del otro, sociedades fracturadas e inequitativa distribución del ingreso signada por la exclusión social.

Esta división en micro y macro son simples recursos discursivos pero que tienen una gran utilidad heurística. Básicamente porque rastrear esos hechos nos permite trazar un puente con la realidad y vincular así la reconstrucción de la memoria con la construcción del futuro.  Profundizar el “nunca más” seguramente nos va a suministrar importantes pistas para asir mejor nuestra cultura política y poder diseñar estrategias de intervención que nos permitan colectivamente virar de la secuencia de avance / retroceso en que se inscribe el devenir de la sociedad argentina.

Ello es así, ya que si existe algún concepto que anude todas las dimensiones de este período histórico es el del particularismo.  Nuestra vida colectiva tiene patrones de acción individual y colectiva formalmente institucionalizados y otros no institucionalizados, como el particularismo.

En el uso de lo público para fines focalizados yacen las semillas que permitieron germinar a los grandes males que aquejan a la vida pública argentina. Me refiero a la desigual estructura tributaria, a la pobreza estructural, a la concentración y en la extranjerización económica. Todo ello nos habita. Sus causas más profundas responden a la herencia de la dictadura y su efecto más doloroso, que aún no logramos detener, tiene que ver con la desintegración social mediante el crecimiento exponencial de la marginalidad y de la concentración económica. Se trata de un doble movimiento que erosiona al estado por abajo y por arriba y que converge en la imposibilidad de la república. 

Es que hay una marginalidad de los de abajo y otra de los de arriba. Ambas desafían al estado republicano cuya gramática es el derecho. Por bajo, porque las condiciones de vulnerabilidad ponen en crisis el derecho más básico que es el derecho a la existencia, de modo que quien no puede vivir renuncia a las mediaciones institucionales de la república y resuelve sus problemas por mano propia. Por arriba, porque la concentración de recursos económicos genera condensaciones de poder que eluden la capacidad del estado de emitir decisiones autoritativas.

 En ambos casos, por razones distintas, está presente el particularismo. Específicamente con respecto a un paradigma cultural signado por la búsqueda de soluciones individuales para problemas colectivos. En su conjunto, estas prácticas sedimentaron un formato del ejercicio del poder político que divorció a las instituciones republicanas de la vida material de las personas. Ese divorcio no se inició con la dictadura militar, pero solo ese feroz proceso de represión, de disciplinamiento y de reforma a sangre y fuego facilitó aquella toma de las instituciones que se reproduce gracias la propia lógica que atraviesa a los valores que sí instauró la dictadura y que tienen que ver con el egoísmo, la violencia, la cosificación del otro y, fundamentalmente, con un entramado institucional que destila la dosis necesaria de impunidad  como para equilibrar la reproducción de ese funcionamiento del poder político, con ocasionales dosis de republicanismo suficientes para calmar el hastío de algunos sectores sociales, pero incapaz de desafiar la lógica general de un régimen de acumulación.

Profundizar el “nunca más” equivale a ensanchar el proceso de memoria. Ensanchar la reconstrucción de la memoria nos va a proporcionar importantes insumos para poder discutir y resolver los problemas culturales de nuestras formas de hacer política en las que anidan gran parte de las causas que obturan la construcción de una república en la que los ciudadanos puedan desarrollar sus planes de vida sin otro límite que el de la ley que los expresa.


*Federico Delgado es Fiscal Federal en Argentina, Politólogo y autor de República de la Impunidad (Ariel 2020)

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