miércoles 25 noviembre 2020

La violencia en Colombia no cede en el campo ni en la ciudad

Fotografía: EFE

Vivamos Humanos*

El momento actual que vive Colombia es crítico. La violencia tiene distintas aristas. Está en los campos y en las ciudades y su causas son variadas y complejas. Nos referiremos primero a la violencia histórica, la de las guerrillas. En los últimos años se realizaron enormes esfuerzos por parte del Estado y la guerrilla más antigua del mundo – las Farc-EP – para llegar a un acuerdo de paz. El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Fue un momento de enormes esperanzas para un país que ha pasado la mayor parte de su historia en guerras. En esa misma línea se estaban realizando negociaciones de paz con el grupo guerrillero ELN.

El Acuerdo final de paz con las Farc-EP, hoy partido político FARC, está fundamentado en 6 ejes centrales: la reforma rural integral, el fin del conflicto, la participación política, el acuerdo sobre las víctimas, la solución al problema de las drogas ilícitas y la implementación, verificación y refrendación. El cambio de gobierno en Colombia, en el 2018, representó una fuerte afectación en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. El partido de gobierno nunca fue partidario de la salida negociada del conflicto y, por esa razón, su implementación no ha estado dentro de sus prioridades.

Uno de los puntos de mayor discordia ha tenido que ver con la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. El Acuerdo de Paz planeaba un programa de sustitución social y voluntaria de cultivos de uso ilícito, mientras que el gobierno actual, presionado por la política antidrogas de los Estados Unidos, tiene una estrategia mucho más agresiva que se compone de erradicación forzosa e incluso de fumigación aérea con glifosato, la cual ha sido, hasta ahora, evitada por la Corte Constitucional. Así las cosas, la erradicación forzada ha continuado, incluso en tiempos de pandemia, generando enormes riesgos para los civiles en operativos militares, particularmente campesinos quienes son contratados como erradicadores de cultivos de coca. Entre el 2006 y el 2020 se ha reportado que 417 civiles han sido víctimas de minas antipersonales haciendo parte de este tipo de operativos. Del total de las víctimas han muerto 43.

Un tema que vale la pena resaltar es que el Gobierno colombiano no ha mostrado mayor voluntad en cumplir a cabalidad el Acuerdo de Paz sino que se ha dedicado a promover su política de paz llamada “Paz con legalidad”. Dentro de dicha política fueron contempladas las Zonas Estratégicas de Intervención Integral o Zonas Futuro, cuyo objetivo principal es atacar las economías ilegales y promover el fortalecimiento de líneas productivas en áreas priorizadas. En principio se suponía que las zonas futuro acelerarían la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sin embargo tras la desnaturalización de estos últimos, las herramientas para ejecutar la Reforma Rural Integral y los Planes de Acción para la Transformación Regional quedaron en el aire. Esto significa que en los territorios más afectados por el conflicto se deja de lado la idea de intervención hacia la transformación del campo y predomina el modelo de seguridad ignorando de paso los programas sociales y el mandato del Acuerdo de Paz.

El evidente desinterés del gobierno en cumplir con los compromisos del Estado frente al acuerdo de paz han llevado a una paulatina escalada de violencia en los territorios más vulnerables e históricamente más afectados por la violencia. Desde la firma del Acuerdo  226 firmantes de la paz y más de 350 líderes sociales han sido asesinados. Así mismo las masacres han aumentado drásticamente durante este año, cuando se han registrado más de 50.

A esta situación se suma la decisión del gobierno de frenar los acercamientos de paz con el ELN, Como consecuencia del anuncio de Colombia en 2019 de dar por finalizadas las conversaciones, que se desarrollaban en Cuba, y de levantar la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros que integraban la delegación de paz de ese grupo,. Así mismo se decidió dejar sin efectos los protocolos y acuerdos suscritos con el ELN, se pidió a Cuba la entrega de los negociadores. Todo esto ha contribuido al escalamiento del conflicto, que también involucra a otras guerrillas, a grupos paramilitares y a grupos dedicados al narcotráfico. Los más afectados son los civiles, que quedan en medio de la confrontación y, en muchos casos, sin otra salida, deben dedicarse forzosamente a la siembra de hoja de coca. Esto ha tenido particular impacto en zonas como el Catatumbo, el Cauca y el departamento de Nariño.

A la par de la política de Paz con legalidad, con la cual se ha desnaturalizado el Acuerdo de Paz, con un espíritu guerrerista y revanchista que ya habíamos superado, Colombia enfrenta hoy una situación de violencia desatada por el uso excesivo de la fuerza de algunos agentes estatales. En el campo, por ejemplo, se vive con la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito. La situación no es menos grave en las ciudades, donde hoy se vive un ambiente enrarecido a causa de un hecho de fuerza policial excesiva. Esta se desató a raíz del caso de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años, padre de dos hijos, quien fue víctima de un de violencia policial. Según la información que se conoce hasta la fecha, el señor Ordóñez recibió 13 descargas eléctricas con un teaser, tras lo cual fue trasladado a un centro de atención inmediata de la policía, donde fue brutalmente golpeado hasta causarle la muerte. Fue trasladado a un centro de salud, a donde llegó sin vida.

Parte de la agresión quedó registrada en video, lo cual desató una oleada de protestas en contra de la violencia policial. Estas manifestaciones, que se vivieron con intensidad durante las noches del 9 y 10 de septiembre. El saldo de esas noches de protesta es de 13 muertos y cientos de heridos. La violencia policial, lejos de disminuir, aumentó, y la frustración de los manifestantes los llevó a incendiar instalaciones judiciales y se deterioró en otros desmanes como quema de buses y algunos saqueos aislados.

La respuesta gubernamental, tristemente, ha sido construir una narrativa de negación del problema sistemático de la agresión policial y de las “manzanas podridas”. Esta actitud, lejos de calmar los ánimos, genera mayor indignación en la ciudadanía, que  espera un verdadero acto de autocrítica del presidente de la República, su ministro de Defensa y de toda la fuerza judicial, de tal manera que abusos como los que se vivieron la semana pasada, y que ya se han vivido en muchas otras ocasiones, no se repitan.

La construcción de la paz requiere confianza de los ciudadanos en su Estado y hoy un enorme porcentaje de los colombianos no creen que las instituciones estén trabajando en su defensa. Los escenarios son diversos. Por un lado están quienes viven en el campo lidiando con la erradicación forzada de los cultivos ilícitos mientras que esperan que se cumpla el Acuerdo de Paz y se les garanticen proyectos productivos que les permitan hacer la transición a economías legales y sostenibles. Por otro lado están las víctimas de los muchos años de conflicto que se han vivido en el país, quienes siguen esperando ser reparados, conocer la verdad y recuperar sus territorios. En este punto es importante también hablar del partido FARC, que se integró al escenario político del país y está haciendo su parte para cumplir lo que le corresponde frente al Acuerdo de La Habana en lo referente, por ejemplo, a decir la verdad frente a lo sucedido para construir la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. La sociedad civil también ha jugado un papel trascendental en favor de la paz, especialmente en los territorios afectados por la violencia, donde han surgido diferentes iniciativas para poner fin al conflicto y lograr un escalamiento humanitario. Distinta es también la situación en las ciudades, donde millones de personas buscan acceder a educación superior o ingresar al mercado laboral y lograr así condiciones dignas de subsistencia.

La gran conclusión es que la eliminación de la violencia en Colombia pasa por profundos cambios sociales que permitan una verdadera reconciliación. Ojalá que el Gobierno se decida a escuchar el clamor de millones de colombianos por una paz que, hasta ahora, ningún colombiano ha conocido.


*Vivamos Humanos es una organización no gubernamental colombiana, sin ánimo de lucro, independiente y de alto nivel técnico, que articula a los sectores privado, público, internacional y a la sociedad civil, para realizar procesos de construcción de paz en todo el territorio nacional. También es un centro de pensamiento en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y derechos humanos (DDHH).

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