martes 15 junio 2021

Infraestructura Digital Democrática

Matt Lawrence, Thomas Hanna, Miriam Brett, Adrienne Buller*

Traducción por Lucía Abelleira Castro**

Publicación original: The Next System

La propagación mundial del COVID-19 ha puesto el foco tanto en la necesidad de contar con una fiable conexión a internet de alta velocidad como en las deficiencias del modelo de las corporaciones con fines de lucro al ofrecerla. Este artículo, el primero de cuatro módulos sobre propiedad pública democrática en el Reino Unido y en los Estados Unidos, explora el futuro de la infraestructura digital: los activos y servicios básicos de los que depende la economía del Siglo XXI y su despliegue de tecnologías de la información. Para acelerar y democratizar el desarrollo de la infraestructura digital, resultan vitales nuevos enfoques sobre propiedad y control.

Si bien este documento explora importantes diferencias entre las experiencias de Estados Unidos y del Reino Unido, ambas tienen al menos un elemento en común: el desarrollo de la infraestructura digital orientado al mercado y predominantemente emprendido por, y en beneficio de, un conjunto oligopólico de corporaciones lucrativas. Esto, a su vez, ha creado problemas compartidos, desde priorizar los beneficios de los accionistas por sobre la inversión en infraestructura vital, hasta la propiedad y gobernanza antidemocráticas de servicios esenciales y la demarcación digital a medida que las empresas seleccionan el suministro, excluyendo las áreas más pobres y los grupos marginados.

El resultado: el Reino Unido ocupa el puesto 35 de 37 países evaluados por la OCDE por la proporción de conexiones de fibra en el total de su infraestructura de banda ancha fija, y sólo el 13% de los hogares poseen una conexión de fibra completa. En Estados Unidos, 21.3 millones de personas no tienen acceso al mínimo de velocidad de conexión de banda ancha mientras que aproximadamente 133 millones de personas -cerca de la mitad del país- no tienen acceso a una conexión con una velocidad de al menos 250Mbps. En ambos países, agudas divisiones en en el acceso y la calidad de conexión a internet han sido expuestas por el confinamiento.

Necesitamos construir un panorama digital que provea para todos conexión de alta calidad, que sea sustentable, mejore la privacidad, preserve derechos, innovadora, y democrática por diseño. Los beneficios económicos y ambientales de tal transformación -desde un aumento de 63 mil millones de libras al valor agregado para 2030 en el Reino Unido, hasta la emisión de 360 mil toneladas menos de dióxido de carbono como resultado de un mejor trabajo en el hogar- son extraordinarios. Con el fin de asegurar dichos beneficios, defendemos que la propiedad pública de las infraestructuras digitales fundamentales del Siglo XXI debe basarse en los siguientes objetivos clave y principios:

  1. Proporcionar acceso de fibra completa para todos, superando la brecha digital y garantizando que todos puedan acceder a una conexión de alta velocidad, confiable y basada en fibra completa. La conectividad es una necesidad básica que debe satisfacerse de forma gratuita, junto con los bienes y servicios fundamentales que todos necesitamos para participar plenamente en la sociedad, accesibles universalmente.
  2. Empoderar a los ciudadanos y trabajadores a través de la participación, transparencia y rendición de cuentas, para que las tecnologías digitales puedan funcionar como herramientas importantes para permitir que las personas se involucren directamente en la toma de decisiones y garantizarles una participación en el mundo que internet está ayudando a construir.
  3. Reducir la concentración corporativa y el poder político reemplazando empresas con fines de lucro con alternativas democráticas.
  4. Vincular la infraestructura digital a la sustentabilidad ecológica y a un Green New Deal, para que las tecnologías digitales puedan desempeñar un rol crucial en el soporte de nuevos sistemas que sean eficientes, resilientes y libres de emisiones de carbono.
  5. Asegurar que la gente tiene control y poder sobre su propios datos, desarrollar una estrategia ética de gestión de datos que establezca límites sobre qué datos pueden recopilarse, así como también la soberanía sobre la información, privacidad, cifrado y derechos colectivos de los datos.

Para asegurar estos objetivos, proponemos avanzar en la dirección de tratar a la conectividad digital como un derecho y organizar su infraestructura -incluyendo el espectro inalámbrico, la infraestructura de la nube y el despliegue y mantenimiento de las conexiones de fibra óptica y el 5G- como un bien público del Siglo XXI, respaldado por la propiedad democrática y la gobernanza. Lo que sigue es una serie de recomendaciones de políticas para el Reino Unido y los Estados Unidos para estos fines.

Otro mundo digital es posible. Pero conseguirlo requerirá avanzar más allá del “Estado regulador” y de los enfoques orientados al mercado que han dominado el desarrollo de la infraestructura digital en Estados Unidos y en el Reino Unido en las últimas décadas -los cuales, mientras entregan una sarta de dividendos a inversores privados, llevaron al lento despliegue y mantenimiento de la fibra/banda ancha, incrementando la concentración y el poder corporativo y una profunda brecha digital. En cambio, las políticas públicas deben tratar de remodelar la forma en la que la infraestructura digital se implementa y se posee, pasando de condiciones privadas a un bien común digital.

Propuesta de política de infraestructura digital (Estados Unidos)

Revertir las leyes de preferencia a nivel estatal

A fin de asegurar que las comunidades locales conserven la autoridad para establecer redes de banda ancha públicas si así lo desean, recomendamos aprobar una legislación federal que ponga fin a las restricciones estatales sobre las redes de banda ancha públicas y comunitarias a nivel local.

Fondo federal para desarrollar y operar redes de banda ancha municipales y comunitarias.

Con el fin de aumentar el acceso y la asequibilidad, así como también reducir el poder y control de grandes corporaciones de telecomunicaciones, recomendamos aprobar una legislación federal que financie comunidades y municipios que busquen construir redes de banda ancha públicas o de propiedad cooperativa.

Programas estatales de financiación y asistencia técnica para redes de banda ancha municipales y comunitarias.

A escala subnacional recomendamos que los gobiernos estatales establezcan programas de financiamiento y asistencia técnica para apoyar el desarrollo de redes locales de banda ancha de propiedad pública (y que a nivel local, las comunidades usen estos recursos para educar al público y crear nuevas redes de banda ancha públicas). Esto último podría incluir respaldo educativo y organizativo para las comunidades locales y residentes que busquen establecer redes públicas, planificación, gestión de proyectos, infraestructura operativa tras bastidores y ayuda para explorar los requisitos regulatorios estatales y federales. Además, aconsejamos que los gobiernos estatales dirijan los recursos públicos y las inversiones en banda ancha exclusivamente a entidades públicas, cooperativas o sin fines de lucro.

Fondos fiduciarios públicos democráticos para los ingresos de las subastas del espectro inalámbrico.

A nivel federal, recomendamos que el Congreso apruebe una legislación que indique que la mayoría, si no todos, los ingresos federales derivados de subastas del espectro inalámbrico sean depositados en uno o más fondos fiduciarios públicos administrados democráticamente. Estos fondos podrían ser organizados como los fondos de riqueza soberana que existen en muchos otros países (así como en varios estados de los Estados Unidos) e invertir (con criterios apropiados) en compañías, bienes raíces y otros activos.

Fondos fiduciarios estatales y locales para apoyar al periodismo y a medios de comunicación locales.

A nivel estatal y local, recomendamos desarrollar una legislación que garantice que cualquier estación o compañía de medios local (ya sea pública o privada) receptora de ingresos de las subastas proceda a cambio de cerrar o consolidar operaciones a transferir una porción de dichos fondos en un fideicomiso democráticamente gestionado que se dedique a financiar medios y periodismos locales, independientes o públicos.

Una opción pública en el sector de las comunicaciones inalámbricas.

Con el objetivo de proporcionar la necesaria competencia en el sector de las comunicaciones inalámbricas y proveer banda ancha inalámbrica accesible y servicio 5G a todos los estadounidenses, independientemente de su ubicación y su contexto socioeconómico, recomendamos que el gobierno federal cree una compañía de telecomunicaciones pública. La existencia de una “opción pública” en el sector de las comunicaciones inalámbricas puede ayudar a abordar las fallas del mercado, reducir la concentración y el poder de las corporaciones, proporcionar presiones competitivas que podrían reducir los costos y estimular la innovación y generarían ingresos para subsidiar de forma cruzada otras inversiones y servicios públicos necesarios.

Dividir a las grandes empresas tecnológicas y convertir la computación de la nube en un activo público

Recomendamos desarrollar una legislación que divida a las compañías de big-tech al exigir específicamente que las empresas de más de cierto tamaño se deshagan de su negocio de infraestructura/computación en la nube. Una vez hecho, estos servicios deben organizarse como servicios públicos descentralizados y democráticamente gobernados.

Propuesta de política de infraestructura digital (Reino Unido)

Una nueva empresa de infraestructura pública con la misión de ofrecer una red nacional de fibra completa para 2030.

El propio análisis del gobierno del Reino Unido sugiere que un proveedor monopólico proporcionaría una red nacional de fibra completa más rápida y a un costo significativamente menor que mediante una “competencia mejorada” entre un oligopolio de empresas privadas. Para eso, se debe crear una nueva empresa de infraestructura pública encargada de desplegar una red 100% fibra completa para 2030, basada en tomar en manos públicas Openreach (y las partes de BT Group relevantes para desplegar la red central). La misión de conectar la nación debe ser central para una recuperación post-COVID que sea próspera y justa, con una “revolución modernizadora” que construya una infraestructura digital del Siglo XXI.

Una parte de la financiación para la inversión podría provenir de cobrarle a los proveedores privados de ISP por el acceso a la red, tal como lo hace actualmente Openreach. En lugar de pagar dividendos, la compañía debería reinvertir las ganancias en el despliegue de la red. BT Group pagó más de £53bn en dividendos desde su privatización y durante la última década ha visto caer su inversión fija y el gasto en R&D a medida que aumentaron los pagos a accionistas. Esta lógica debe ser revertida; de hecho, los ahorros anuales provenientes de la eliminación de dividendos podrían por sí solos cubrir más del 16% del Capex requerido para entregar fibra completa durante 10 años. El costo del endeudamiento público para la inversión es notablemente más bajo que para las empresas privadas, y está en mínimos casi récord; para financiar los requisitos restantes de Capex, la empresa pública de infraestructura debería aprovechar y pedir prestado para invertir. Así como Gladstone nacionalizó la industria del telégrafo y Asquith incorporó el sector telefónico a la propiedad pública para garantizar la cobertura y el acceso universales, la propiedad democrática puede construir una infraestructura digital fundacional del Siglo XXI más asequible, equitativa y rápida que las alternativas.

Desmercantilización de la conexión.

El acceso a Internet debe ser organizado como un derecho humano del Siglo XXI, reconociendo que es fundamental para nuestra capacidad de llevar una vida plena en la era digital: para conectarnos, comunicarnos, jugar y trabajar. Los efectos del coronavirus -donde la brecha digital sobre el acceso y la calidad de banda ancha exacerbaron las desigualdades sociales y económicas- han enfatizado la necesidad de hacer que el acceso a la banda ancha sea un derecho, no algo entregado principalmente a través del mercado. Con ese fin, como parte de una ambiciosa agenda de servicios básicos universales, el objetivo final debe ser hacer que la conexión a Internet de fibra completa esté disponible para todos de forma gratuita como un servicio público financiado por impuestos. Una vez que la red de fibra completa del Reino Unido este completa, la propiedad pública de la infraestructura -en lugar de por empresas organizadas para maximizar el valor para los accionistas- puede permitir que la conexión se organice en base a una conexión universal y desmercantilizada, con los costos operativos y de conexión cubiertos por impuestos generales.

Garantizar la rendición de cuentas y el control democrático de las infraestructuras digitales.

La extensión de la propiedad democrática debe ir acompañada de pasos para transformar la responsabilidad y el control democrático de la infraestructura digital, incluyendo:

  • Una nueva plataforma digital para debatir y decidir las prioridades nacionales y locales: con una fibra completa que garantice la igualdad en el acceso a Internet, una plataforma online llamada “WeDecide.gov.uk” podría funcionar como un espacio en línea para todos los que vivan en el Reino Unido para debatir y decidir prioridades sobre cómo se utilizan las infraestructuras digitales.
  • Financiamiento y apoyo para iniciativas comunitarias: el gobierno local debe proporcionar espacios de trabajo conjunto y de creación con infraestructura de banda ancha 5G -ya sea directamente o coordinado con otras partes interesadas- para empresas comunitarias, cooperativas y empresas propiedad de los empleados con el fin de garantizar que estos espacios puedan ayudar a estas formas de empresa a prosperar en la era digital.
  • Un marco regulatorio ampliado para monitorear tecnologías basadas en fibra: el monitoreo de y la estrategia para el despliegue de fibra que garantice la equidad en el acceso debe reflejarse en consideraciones sobre los potenciales perjuicios de las tecnologías construidas sobre redes de fibra, incluyendo la vigilancia invasiva, el control social y el daño ambiental.
  • Infraestructura digital para impulsar la descarbonización: la instalación y el desarrollo de la infraestructura de banda ancha y 5G debe planearse estratégicamente para apoyar una transición justa. El Comité de Cambio Climático debería asesorar a la Comisión Nacional de Infraestructura sobre lo que requiere la infraestructura digital para llegar a cero de manera rápida y justa.

Una Cooperativa Digital Británica y un espectro para el bien común.

Para construir una esfera digital y comunicativa basada en principios democráticos e igualitarios por sobre la vigilancia oligárquica, se debe establecer una Cooperativa Digital Británica. Una propiedad común, poseída colectivamente por todos los residentes del país, la CDB, según lo establecido por Dan Hind, “tendría la tarea de desarrollar la arquitectura de una plataforma libre de vigilancia para permitir a los ciudadanos interactuar unos con otros, brindar apoyo al periodismo financiado con fondos públicos y desarrollar recursos para la comunicación política y social”.

Construir una nube de infraestructura pública.

Siendo un efecto probable del COVID-19 la consolidación, la magnitud y el poder de las plataformas universales, la necesidad de desafiar el poder de las “Big-tech” será más urgente que nunca. Un elemento crítico de esto es su dominio de las infraestructuras de computación en la nube, una muy importante fuente de ingresos y de poder estructural sobre la dirección de la economía. En primer lugar, exigiendo que las principales compañías tecnológicas separen sus negocios de infraestructura en la nube y regulando a los proveedores de la nube como servicios públicos clave. Y en segundo lugar, se debe crear una opción pública de “infraestructura de nube” y utilizarla para alojar y quizás procesar los vastos tesoros de datos gubernamentales que ya existen y que se producen continuamente.


*Son, respectivamente: Director de Common Wealth; Director of Research en The Democracy Collaborative; Director of Research and Advocacy, Common Wealt; Senior Research Fellow, Common Wealth

** Abogada por la Universidad de Buenos Aires – Comité Editorial Sociedad Futura

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