Entrevista a Manuela Bergerot: “El pacto del silencio sobre 40 años de pedagogía de la sangre ha impedido que la memoria sea colectiva”

0
200

Manuela BergerotJuan Delgado*

El silencio de otros es un documental estrenado en 2018 que hace unos meses adquirió mayor difusión merced a su réplica en Netflix. Dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, relata el origen y desarrollo de la Querella Argentina en la denuncia contra los crímenes del franquismo. Amparados bajo la doctrina de la Justicia Universal, sobrevivientes, víctimas, familiares y militantes replicaron la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el tribunal de la Jueza argentina María Servini de Cubría. El documental obtuvo numerosos reconocimientos y el más reciente de ellos fue la obtención de dos premios Emmy (al mejor documental y al mejor documental político).

La lucha por la memoria sobre los crímenes perpetrados por el Estado español en el contexto de una de las dictaduras más longevas del Siglo XX ha sido tenaz y constante. Sin embargo, el Estado español posterior a la transición democrática no acompañó la lucha de los damnificados por el franquismo, sino todo lo contrario. Ya son más de cuatro décadas de silencio y un olvido forzado de un período histórico arrasó con generaciones enteras de militantes y sentó las bases de un contrato social autoritario basado en el terror y la represión.

Juventudes Iberoamericanas contactó a Manuela Bergerot, joven de una extensa trayectoria en la militancia por una discusión pública, democrática y en el seno de las instituciones estatales sobre las atrocidades cometidas por el Estado durante el franquismo. Les presentamos aquí una serie de preguntas que esperamos contribuyan a la discusión sobre el valor político y democrático de la memoria para la conquista y defensa de los derechos humanos.

¿De qué forma actúan las políticas de memoria desde una perspectiva transformadora?

Cuando hablamos de memoria hablamos de cuatro pilares fundamentales: el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de graves violaciones de Derechos Humanos. Garantizar estos derechos no va en detrimento de los derechos de otros, al contrario, invertir en políticas de Memoria es invertir en convivencia, porque cuando acabas con una desigualdad se favorece una cultura de paz por la convivencia.

Abordando la memoria como un derecho cívico, la práctica de ésta es el acto de poder recibir historias de vida y compromiso, recibir los valores democráticos de las mujeres y hombres que nos preceden en los derechos y libertades que tenemos hoy en día y trascenderlos son condición necesaria para avanzar. En el caso de los procesos colectivos, es la continuación de lo comenzado por nuestros antecesores, por el deseo de una sociedad justa, equitativa y libre. Si no podemos recibir esa transmisión estamos condenados a comenzar de nuevo cada lucha, puede llegar a ser épico creerse los primeros, pero esa épica será efímera comparada con lo transformador que puede llegar a ser partir desde el impulso de lo logrado. 

Además, la transmisión de memorias genera un valor muy positivo en quien comparte esa experiencia: el reconocimiento que obtienen quienes nos precedieron permite resolver, en cierto modo, ese pasado, permitiendo que, en vez de sostener eternamente esa estructura que construye su identidad política, se pueda construir como algo nuevo en el presente.

¿Qué legado crees que dejó la falta de políticas estatales de memoria a los desaparecidos y asesinados del régimen franquista en la democracia española?

El legado colectivo es que hemos construido una democracia sobre la impunidad de crímenes de lesa humanidad, negando derechos fundamentales a las víctimas, a los familiares y a las nuevas generaciones el derecho a la Verdad sobre el pasado más reciente. Un Estado que no reconoce a las víctimas de violaciones de derechos humanos, que les niega el derecho a la Justicia y la Reparación, es un Estado que las revictimiza y perpetúa esos crímenes hasta el presente.

La falta de que los DDHH sean políticas de Estado provoca que se perpetúen en el tiempo la vulneración de esos derechos fundamentales, que haya ciudadanos en el presente con derechos fundamentales desatendidos. 

Porque en España sí ha habido políticas de Memoria, desde el mismo día en que acabó la Guerra y durante toda la dictadura, pero ha sido una memoria sectaria que solo se ha encargado de garantizar reparación para las víctimas del bando golpista, porque tras las exhumaciones a cargo del Estado, ¿qué son si no las placas que hay en cada pueblo de España en homenaje en el espacio público en las paredes de las iglesias, cruces o monolitos con los nombres de los “Caídos por Dios y por España”?. La desigualdad, sumada al silencio y la perversión de la Historia, hace que no tengamos un espectro amplio de los crímenes cometidos como muestra vuestra pregunta: no solo fueron víctimas los desaparecidos, también los más de 30.000 bebés robados, los exiliados, los deportados a campos de concentración, los torturados y los presos políticos. 

Respecto a las consecuencias en el conjunto de la sociedad es haber impedido la construcción de una cultura de los derechos humanos: si no existe una enseñanza de la historia de las conquistas de los derechos y libertades en el presente y el precio que tuvieron que pagar por ello, no se sensibiliza sobre la importancia de la defensa de los mismos, del compromiso que requieren por el bien común. La ausencia de programas educativos donde en el relato histórico estén inscritas esas mujeres y hombres, instituciones y organizaciones sociales que contribuyeron al avance en derechos y libertades para todas y todos, imposibilita la concienciación sobre la fuerza de la lucha colectiva por éstos y la visibilización de las mujeres en los avances sociales. 

Por tanto, el legado es una cultura de la impunidad cuyo listón está a ras de suelo, a ras de fosa, y en esas fosas ese país que nos robaron, por eso cuando se exhuman las fosas de los desaparecidos, se recuperan las ideas y los valores por los que todavía están ahí.

¿Qué comparación podés trazar entre la política de derechos humanos y memoria en América Latina (en especial Argentina) y la de España? ¿Qué desafíos quedan pendientes a ambos lados del Atlántico?

En países de América Latina la memoria ha marcado el debate cultural y político de los últimos años, en particular en torno a la violación de los derechos humanos cometidos durante las dictaduras del siglo XX. 

En Argentina, la transición a la democracia favoreció acciones para el esclarecimiento y la discusión de la memoria, a pesar de que las leyes de amnistía implicaran una voluntad gubernamental por imponer silencio y olvido. Pero la potencia de la palabra frente al silencio en Argentina no se puede entender sin el símbolo que fue dibujando la línea del tiempo del derecho a la Memoria: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que desde octubre de 1977 transformaron la orden policial de “circulen” en su famosa ronda en la Plaza de Mayo de los jueves.

La resistencia que supuso la acción de estas mujeres contra el orden establecido es sin duda una práctica feminista de reapropiación de la voz, del espacio público y un símbolo del poder transformador que supone la memoria colectiva. Desde esa agencia política y social impulsada por las luchas de sus hijos e hijas y por el derecho a la Verdad y con el menosprecio de los militares, fueron dibujando esa línea del tiempo hasta el presente, llenándola de reivindicaciones por una vida digna que hace que vayan sumando a todo tipo de colectivos y organizaciones sociales. 

Las legislaciones sobre memoria histórica en Argentina y España instan a sus gobiernos a llevar a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de la historia de sus respectivos países y al fomento de la memoria democrática. Ambas legislaciones hacen alusión directa a los períodos de regímenes dictatoriales vividos en sus respectivos países durante el siglo XX, pero en España, el pacto del silencio sobre 40 años de pedagogía de la sangre ha impedido que la memoria sea colectiva, quedando relegada al ámbito de lo privado, por eso por ejemplo, ni siquiera el pueblo español conoce la historia de las mujeres que durante la Transición exhumaron fosas de republicanos. La memoria tiene un poder multiplicador y aquella acción política podía ser replicada en el resto del país, era mejor silenciarla. Hoy en día, si hay un espacio público donde la memoria en España sea colectiva, son las exhumaciones que se llevan a cabo por las asociaciones memorialistas, sólo hay que acercarse a una para comprobar cómo la palabra es puesta en circulación y se recuperan mucho más que huesos: identidades e historias de vida son compartidas de forma conmovedora. 

Obviamente, lo más diferenciador entre las políticas de memoria de Argentina y España fue la voluntad política de la primera, con aquella orden del presidente Néstor Kirchner de bajar el cuadro de Videla de la ex ESMA, un gesto simbólico que construyó una nueva realidad, con la consiguiente condena de los crímenes de la dictadura por parte del Gobierno y los derechos humanos como políticas de Estado. Las políticas de Memoria deben ser mucho más que un marco regulador, porque mientras que el proyecto de Ley Argentina se llevó al Congreso en el 2010 y la Ley de Memoria Histórica española es de 2007, Argentina es un referente mundial con más de 600 responsables militares y civiles juzgados por crímenes de lesa humanidad, 129 hijos e hijas recuperadas y reparación de víctimas.

En España la memoria sigue ligada a una cuestión del pasado y la ausencia de políticas públicas ha provocado que las organizaciones políticas y sindicales hayan abordado la memoria de “sus víctimas”, sin comprender que los desaparecidos nos faltan a todos como sociedad. Necesitamos políticas de Estado de Memoria para garantizar una memoria plural, inclusiva, recogiendo todas las identidades, todas las memorias. 

Si hay un desafío pendiente en ambos países es la renovación del Poder Judicial y la democratización de las fuerzas de seguridad del Estado. La renovación de éstos es clave en los procesos post dictatoriales, ya que conforman la estructura de un Estado y si no hay depuración de responsables se perpetúa la impunidad, la del pasado y la represión del presente que siguen ejerciendo los cuerpos de seguridad.  


* Manuela Bergerot es Especialista en Políticas Públicas de Memoria y CoPortavoz de Más Madrid.

Juan Delgado es politólogo de la UBA y miembro del Comité Editorial de Sociedad Futura.