jueves 19 mayo 2022

El peligro en una de las ciudades más seguras de México

Por Mateo Peraza

En Yucatán, uno de los estados más seguros de México, los peligros que acechan en la noche no son los criminales, sino los elementos de seguridad pública, una corporación que se ha mantenido bajo el mando de un eternizado secretario de Seguridad, Luis Felipe Saidén Ojeda. Los avances, gubernatura tras gubernatura, son invisibles. Lo único cierto es el recrudecimiento de la violencia y la existencia de un sistema de justicia que pondera la tortura. 

Tres amigos salimos de una lectura de poesía en la Colonia México, de clase media-alta, en Mérida, Yucatán. Se detienen tres patrullas. Las luces sobre nuestros rostros. Nos amenazan. Mientras dialogamos, uno de los policías abofetea sin razón a uno de mis amigos. «¿Qué te me quedas viendo, hijo de la verga?», le dice mientras lo azota contra la patrulla. Grito que lo suelten, me resisto al arresto. Pongo una pierna contra la pared. Uno llega por detrás, me lanza al piso, contra el filo de la escarpa y, con las rodillas sobre mi abdomen, me golpea en la cara mientras dice: «Pinche pendejo drogadicto». Nadie portaba drogas. El policía tenía las pupilas dilatadas, los ojos rojos. Era 2017.

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Año 2021. Un amigo y yo volvemos caminando a casa. La policía nos detiene. Le preguntan: «¿Tú a qué te dedicas?» Mi amigo: «Hago estudios en lengua maya». El policía responde: «¿Estudios? Di la verdad, cabrón. ¿A qué te dedicas? ¿vendes droga?» Y a mí: «Tú no me das confianza, te voy a volver a revisar».

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«Mejor no digas que te golpearon y que eres reportero, si haces eso te irá peor», recomienda un policía mientras me mete a los separos. Cuando nos revisaron, ese policía me apretó los genitales.

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Un policía sostiene a un hombre que entró a los separos. Le dice a uno de los detenidos: «Pégale, yo te lo agarro». El detenido acepta. El policía dice: «Otro, más fuerte, con huevos ¿Tienes huevos?» El detenido le pega. El policía escupe y dice: «Para eso le hubiera pegado yo».

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Al interior de la patrulla, con heridas en la boca, le digo a un policía: «¿Ustedes saben algo sobre los derechos humanos? Se supone que invirtieron millones de pesos en capacitarlos». «¿Cuáles derechos humanos?, pregunta. «Este pendejo cree que nos va a marear porque es reportero».

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Flashback. Estamos en el gobierno del priista Rolando Zapata Bello. Felipe Saidén Ojeda, desde el gobierno anterior, con Ivonne Ortega Pacheco, es el encargado de la Seguridad Pública del Estado. Saidén es un tipo curtido, de mirada dura e inexpresiva, que ha lidiado con diversas crisis y cuya formación se consolida en Quintana Roo, el estado más violento de la península y donde el narcotráfico se ha enraizado hasta puntos inconcebibles. En 2008 aparecieron 11 hombres decapitados en colonia Chichi Suárez –hecho insólito en un estado que se caracteriza por ser la casa que arropa a las familias de los narcotraficantes– y uno más en el municipio de Buctzotz. De acuerdo con versiones extraoficiales, este último tenía un mensaje dedicado a Saidén, el cual nunca trascendió debido a la sumisión de los medios locales. Los cuerpos tenían una Z marcada, sus cabezas fueron cercenadas con hachas.  Uno de los grupos armados más violentos del mundo llegó a pelear la plaza. Saidén instauró operativos permanentes e incrementaron las medidas de coerción contra la sociedad.

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Año 2021, estoy en los separos. Asaltan a un chico en Kanasín. Es epiléptico. Llega a una caseta de policía para denunciar. Convulsiona. Los policías piensan que está drogado y lo patean en el piso. Le tiembla la quijada cuando me cuenta la historia. Tiene heridas en la cara. Su madre llega a los separos, doce horas después, con un justificante médico. Cuando abren la celda, un policía dice: «Ni modo chavo, estas cosas pasan». Le robaron los zapatos y el celular.

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Los separos. Dos policías sacan de la celda a un tabasqueño bañado en sangre que no deja de gritar. Lo golpean y lo encadenan a un tubo por más de ocho horas. Un detenido grita varias veces: «Déjamelo un rato, poli, yo me encargo de que se calme». El tabasqueño se orina, se defeca encima. Los policías y los detenidos se burlan de él.

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Año 2021. La policía de Mérida viola y asesina a José Ravelo, un chico de origen veracruzano que llegó a la ciudad a trabajar. Su madre coloca el féretro con su cadáver en la entrada del Palacio de Gobierno. Se organizan protestas, las paredes del edificio gubernamental se llenan de grafitis e imágenes del rostro de José. Los colectivos toman la coyuntura para reiterar el incremento de los feminicidios y la represión policial. La madre de Ravelo acusa que el actual alcalde, Renan Barrera, le ofreció un soborno millonario para evitar la polémica. La madre no acepta. El caso queda en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Los efectivos implicados quedan libres por falta de evidencias. Los últimos avances de las autoridades descartan la violación y el asesinato. La sociedad siente indignación y repudio por su gobierno.

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Tras detenernos, los policías dan vueltas. Paran a unas calles, el sitio está abandonado y se escuchan, a lo lejos, los tráilers que recorren una avenida. El que me golpeó me toma del cuello de la camisa y me baja. «¿Por qué te portas mal?», me dice. «¿Usted está drogado?», contesto. Me da un zape y me sube junto con mis amigos a la batea de otra patrulla. Un amigo que cayó esposado sobre mí dice: «Registra todo, no sabemos que vayan a hacer».

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¿A qué se debe el incremento de la violencia policial? El 30 de marzo de 2016 el gobierno del Estado presentó el Escudo Yucatán, un programa cuyo objetivo fue «blindar al estado» y reducir los índices delictivo. Policías de corporaciones menores fueron ascendidos a cargos para los que no estaban preparados. Les dieron, según las versiones oficiales, una «capacitación en derechos humanos». Recibió una versión inicial de 1500 millones de pesos. Se presentó bajo la consigna de reconstruir el tejido social y de formar redes vecinales de vigilancia. El gobierno ponderó la prevención; sin embargo, la traducción de ese concepto fue el incremento sustancial de las detenciones arbitrarias y la tortura como método para obtener información. «Hay que enseñar a los adultos y los jóvenes a colaborar con la policía», reza uno de sus puntos. Y lo han hecho cumplir a cabalidad. Víctimas de un sistema que ignora su estabilidad psicológica, sobrecargados de trabajo, los policías forman parte de una cadena de violaciones a los derechos humanos.

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6 de la mañana en los separos. Cambio de celda. Entran dos personas nuevas. Estaban sancochando pepino de mar hasta que vieron luces de patrulla. Corrieron por el monte, uno dice que oyó disparos. Eran tres. El que falta, dice uno de ellos, «lo tienen en un cuarto de arriba; le están dando toques, lo están torturando».

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Año 2016. Una persona muere en el municipio de Temax tras ser torturada por la policía. Junio de 2016. Un policía filtra un video en donde sus compañeros torturan a un hombre ahogándolo en una cubeta; poco después, sus propios amigos lo torturarían por la difusión del video. Todavía en 2016. Un periodista de Kanasín es detenido arbitrariamente. Lo desnudan y lo torturan; un funcionario del gobierno en turno entra a la celda para abofetearlo. También en 2016. Un chico con discapacidad auditiva, originario de Chemax, es torturado por policías (Amnistía internacional registra el hecho en su informe Falsas sospechas, así como la violencia ejercida por efectivos durante el desalojo de un hombre de 95 años en el municipio de Chablekal: lanzaron granadas de humo, golpearon a periodistas y pobladores, los detuvieron arbitrariamente). 2018.  Pobladores del municipio de Teabo queman una caseta de policía luego de que dos elementos asesinaron a un hombre en una celda y aseguraron que fue un suicidio. 2021. La policía de Mérida asesina y viola al joven veracruzano José Ravelo.

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«Necesito llamar a mi familia», le digo a un policía que aparece frente a la celda. «¿Qué llamada?», dice. «Por derecho puedo hacer una llamada, digo. «Que la llamada», le dice a su compañero, riendo. «No se van a preocupar, chavo, al rato sales». Faltaban 18 horas.

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Publico fragmentos de esta crónica en redes sociales. Pregunto: ¿A ti qué te ha hecho la policía? Hay cientos de comentarios. Uno de ellos dice: “Mi hermano estaba borracho en Progreso, los policías lo mataron a golpes y no pudimos hacer nada”. Y otro dice: “A un amigo los policías de Mérida le hicieron lo mismo, lo agarraron a golpes, los pisaron hasta quebrarle las costillas”. Y otro: “Hace 15 años, cuando gobernaba el PAN, nos metieron presos a 21 personas por ser sospechosos de participar en una manifestación; entre tantos, encerraron a una persona discapacitada y a un turista. Estuvimos en el penal de Mérida, bajo candado, por cinco días. Algunos estuvieron hasta dos años. Nos achacaron portar armas exclusivas del ejército, pero no existía ni una sola prueba. Nos dejaron absueltos con el cambio de gobierno. Y otro: “La policía mató a mi abuelo a golpes porque estaba borracho”. Y otro: “Recibimos acoso sexual por parte de una patrulla del gobierno del Estado”. Y otro: “Trabajé en el área de capacitación psicológica de la policía. Ellos entran, firman y salen. No les hacen los exámenes que les corresponden”.

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2021. Salgo con un amigo. Al día siguiente no se reporta. Angustiado, asumo que la policía lo detuvo. Lo localizo en los separos, le llevo comida. Cuando hablamos, me dice que venía en bicicleta, lo detuvieron arbitrariamente, lo golpearon, le quitaron sus cosas. A la mañana siguiente descubre que hicieron movimientos con su tarjeta.

13/12/21

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