lunes 27 septiembre 2021

Bitácora Constituyente: Lenguaje y Reconocimiento

Vladimir Barraza E*.

En la sociedad chilena se ha ido gestando un consenso en torno al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y es muy probable que la Convención Constitucional, cuya presidenta Elisa Loncón pertenece precisamente a uno de dichos pueblos, termine por fijarlo en el texto a plebiscitar. Este acto, se sostiene, sería un paso concluyente hacia la construcción de una República plurinacional que no se avergüence de su pasado prehispánico, lo cual sentaría las bases de una nueva convivencia. 

El razonamiento anterior es correcto, pero descansa demasiado sobre ciertas propiedades que tendrían el Derecho y el lenguaje para fundar ese nuevo orden. Es decir, pese a que los textos jurídicos creen instituciones bajo las cuales puede florecer una cultura plurinacional, y pese a que el uso deliberado de un lenguaje no discriminatorio representa una forma de impugnar el racismo sistémico, ni el Derecho ni el lenguaje crean por sí y ante sí la realidad que habitamos. Dicho de otro modo, no basta con que la Nueva Constitución reconozca la multinacionalidad del pueblo chileno si todo aquello no va a acompañado de acciones concretas que se desplieguen con ese fin.

Mi interés por lo tanto es explorar de qué modo podemos hacer probable el surgimiento de esa cultura sin esperar a que la Constitución actual sea derogada, en base a un problema específico que deberá enfrentar la Convención, a saber, cuál o cuáles serán los idiomas oficiales de funcionamiento del órgano.

Un idioma natural, en oposición a uno artificialmente creado, es el producto de incontables generaciones, inextricablemente unido a su identidad compartida. A través del lenguaje nos reconocemos mutuamente como iguales y por ello negar la palabra es un acto de opresión que anula la humanidad del otro. 

En términos prácticos esto significa lo siguiente. Si el reconocimiento de los pueblos originarios orienta la discusión constituyente, entonces el reglamento de la Convención Constitucional debería contemplar como idiomas de funcionamiento al menos el castellano, aymara, mapudungun y rapa nui. El idioma de facto podrá seguir siendo el castellano, principalmente porque es el mínimo común de todos los miembros de la Convención, sin embargo es de esperar que los documentos oficiales y el texto final de la Constitución estén escritos en los idiomas oficiales de trabajo. 

Por un lado esto permitirá a cada miembro presentar sus alocuciones en comisión o en pleno en cualquiera de los idiomas de la convención, y por otro, creará un corpus nunca antes visto en el país, reflejo de su diversidad lingüística muchas veces ignorada. 

Los costos operativos son altos y por eso debería crearse un equipo de traducción que funcione de manera centralizada para toda la Convención, al cual se le envíen las intervenciones escritas para su traducción con al menos 24 horas antes de cada sesión dependiendo de la extensión del texto. En las intervenciones orales, para evitar los problemas propios de la traducción simultánea, debería seguirse el modelo ecuatoriano cuya asamblea constituyente le permitía a cada miembro expresarse en su lengua materna para luego resumir por sí mismo y en castellano su propia intervención —ver: Artículos 25 y siguientes del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente ecuatoriana (2008)—. 

Asimismo la página web de la Convención junto con guardar registro de los documentos y el video de las sesiones, deberá progresivamente ser traducida a todos los idiomas oficiales de trabajo. 

Es de esperar que el sentir popular reflejado en la heterogeneidad de la composición de los convencionales constituyentes no quede solo relegado como una expresión de buena voluntad y se materialice en acciones concretas como la anteriormente propuesta. 


*Vladimir Barraza es egresado de derecho, músico autodidacta y fotógrafo amateur. Socialista no militante de tradición marxista

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