martes 19 enero 2021

Biblioteca de iberoamérica

Aproximaciones al Impuesto a la Herencia en el Perú

Hugo Martín Arbieto Alfaro y Jeff Riveros Vélez*

En el presente artículo discutiremos las principales posiciones y opiniones políticas sobre el Impuesto a la Herencia y el rol de la tributación en la distribución de la riqueza. Asimismo, analizaremos el rol distributivo del impuesto, y su relación con el derecho de propiedad y los derechos económicos y sociales. Determinaremos hasta qué punto el Impuesto a la Herencia contribuye con la reducción de la desigualdad dentro del marco de una concepción de justicia social. Por último, analizaremos los antecedentes del Impuesto a la Herencia en el Perú.

Introducción

Luego de la caída del comunismo como proyecto político en las últimas décadas del siglo XX se vendió la idea del fin de la disputa ideológica entre el liberalismo y el comunismo [1]. Ante la ausencia de una ideología que pueda competir con el capitalismo, la democracia liberal y la asunción de la economía del libre mercado, elementos de este nuevo régimen político y económico, se convirtieron en los pilares necesarios para que los países tercermundistas puedan salir del subdesarrollo. Se creyó que este nuevo régimen traería bienestar a toda la sociedad. 

Sin embargo, este sistema no estuvo exento de problemas: el liberalismo generó un fortalecimiento de la desigualdad [2] y un rechazo hacia lo público en la esfera social, lo que conllevó a fomentar una sociedad individualista.

  • El fortalecimiento de la desigualdad es una consecuencia de la acumulación ilimitada del capital. El régimen “neopropietarista”, término acuñado por Tomas Piketty [3] para el sistema económico posterior a la caída de comunismo, tuvo como base la libre circulación del capital sin regulación, sin información compartida y sin una fiscalidad común. La libre circulación del capital supone que no debían existir límites a la acumulación del capital. [4]

Este sistema parte de la premisa que el desarrollo individual se obtiene por el esfuerzo personal pues todos tendrían las mismas oportunidades. Existe la premisa que un sujeto libre puede forjar su propio destino y convertirse en millonario si logra triunfar con un emprendimiento. Este panorama optimista no se condice mucho con las condiciones reales para alcanzar el éxito. 

El esquema propuesto no toma en cuenta que las posibilidades de los individuos se limitan en función al capital que se posee para lograr el desarrollo personal [5]. Quienes no puedan acceder a un capital no podrán disponer de recursos para lograr el ansiado “progreso” que preconiza la meritocracia. Entonces, permitir la acumulación irrestricta del capital supone que un sector de la población no pueda participar en él. En este escenario, la igualdad de oportunidades se convierte en una quimera.

En consecuencia, existe una elevada concentración de riqueza que impide el desarrollo igualitario de la sociedad [6]. 

  • En el espectro social, el rechazo hacia lo público deviene de una concepción peyorativa del Estado como ineficiente y enemigo del sector empresarial. Esta idea se implantó frente a la actividad omnicomprensiva que tenía el Estado en los regímenes socialistas. La idea del éxito proviene de una posición individualista en la que el Estado no interviene para la generación de la riqueza del individuo. La tributación se convierte en una carga que debe ser mínima pues el Estado no colaboraría en la creación de riqueza.

Sin embargo, esta afirmación no es cierta pues el Estado participa de forma significativa en la generación de riqueza del sector privado. De acuerdo con Ruger Bregman, un claro ejemplo provendría de las plataformas tecnológicas como Facebook o Google [7]. La idea del éxito individual de los dueños de estas compañías no podría entenderse solo como producto de su “creatividad” o “emprendimiento”. Los descubrimientos e invenciones tecnológicas que posibilitaron el desarrollo de sus productos tecnológicos provienen, en parte, de las investigaciones científicas financiadas por los Estados [8]. 

La participación del Estado en la creación de la riqueza también se observa en la prestación de los servicios públicos que brinda a toda la población pues directa e indirectamente generan las condiciones para que las personas y empresas puedan participar en la economía. A modo de ejemplo, la garantía de la defensa del derecho a la propiedad permite que un propietario pueda acudir a la Policía y al Poder Judicial en caso el inquilino ocupe ilegítimamente su predio. 

Esta es la razón que origina una retribución para la sociedad a través de los tributos a pesar de que la idea “meritocrática” trate de desconocer la participación del Estado en la creación de la riqueza. Esta idea nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: ¿No sería justo que quienes obtengan una mayor riqueza producida por la participación del Estado deban soportar una mayor carga tributaria? 

La desigualdad dentro de las comunidades políticas y la participación del Estado en la creación de la riqueza constituyen motivos válidos para exigir una mayor tributación a los sectores con más capacidad adquisitiva. Esta es la idea básica de la progresividad tributaria. La recaudación tributaria permitirá redistribuir la riqueza a través de la provisión de servicios públicos que garanticen una igualdad de oportunidades para toda la comunidad.  

Una propuesta para lograr una mayor progresividad en el sistema tributario consiste en aplicar un impuesto a la herencia. El tributo no es una institución neutral pues su concepción puede entenderse desde distintas posiciones políticas. 

A continuación, explicaremos las posiciones políticas que existen sobre el impuesto a la herencia:

Ideas políticas sobre el impuesto a la herencia

El marxismo, la herencia y los impuestos

Marx postuló, desde una perspectiva materialista, que el devenir de la historia se origina, principal pero no exclusivamente, por las relaciones económicas que surgen en la sociedad. Las transformaciones sociales se producen por las luchas de clases [9] dentro de un orden económico que oprime a cierto grupo social. 

En esa lógica, era inevitable una revolución del proletariado frente a los capitalistas, dueños de los medios de producción, por la miseria que padecía la clase proletaria luego de la Revolución Industrial. Esta revolución permitiría la creación de un nuevo orden social en el que los medios de producción serían públicos; es decir, no existiría la propiedad privada [10].

En primer lugar, nótese que dentro de esta posición marxista se busca eliminar la propiedad privada burguesa. Por lo tanto, la figura del tributo, como instrumento inherente a la propiedad privada, también debería desaparecer pues al no existir propiedad privada no existiría una manifestación de capacidad contributiva susceptible de gravar. 

En el Manifiesto Comunista, los autores sostienen que una vez que los proletarios accedan al poder deben eliminar el derecho a la herencia [11]. La abolición de la herencia permitirá eliminar progresivamente la propiedad privada y convertirla en pública. 

Marx sostiene que los impuestos no producen cambios sustanciales en las relaciones entre el capital y el trabajo [12]. El impuesto sirve para financiar al poder público que sirve al poder burgués [13] y no genera la abolición de la propiedad privada Por lo tanto, la herramienta tributaria no fue un instrumento vital en el planteamiento político de estos autores. 

Sin embargo, Marx sostiene que los impuestos directos podrían servir como un impulso para controlar al gobierno [14] burgués.  No solo eso, un alto impuesto a la herencia [15] y un fuerte impuesto progresivo [16] podían servir para la eliminación progresiva de la propiedad privada en el supuesto que el proletariado acceda al poder por la vía democrática.

En conclusión, el impuesto a la herencia, desde la visión marxista, serviría como un mecanismo que permite la eliminación progresiva de la propiedad privada para la transformación de una sociedad burguesa a una sociedad sin clases: la sociedad comunista.

Adam Smith, la mano invisible del mercado y los impuestos sobre la transmisión de la propiedad

Adam Smith sostiene que la riqueza de un país se genera mediante la participación libre en el mercado de los sujetos particulares, quienes a partir de su propio interés, producirían bienes y prestarían servicios que les genera ganancias. Al existir la división del trabajo, todos los particulares deben participar en el mercado e intercambiar sus productos y/o servicios. De esta manera, se produce un beneficio común pues a través del mercado se lograría satisfacer las necesidades de los participantes [17]. 

En esta teoría se sostiene que los privados actúan como si existiese una mano invisible del mercado. El Estado, desde esta posición, debe abstenerse de limitar la libertad individual de participación en el mercado. En caso exista algún problema, como un monopolio que se aprovecha de su posición de dominio, este se resolvería por la propia inercia del mercado pues todo debe volver al orden “natural”.

La posición liberal de Smith presupone la existencia de la propiedad privada. Este sería un elemento básico que permitiría la obtención de un beneficio individual. Al existir propiedad privada es viable la imposición mediante impuestos. No solo eso, este autor sostiene que la mejor forma que tiene un Estado para recaudar consiste en la recaudación de impuestos [18].

El impuesto que deba pagarse al Estado provendrá de una renta, beneficio o salario que generen los sujetos particulares. Sin embargo, es viable aplicar impuestos para quienes detenten la propiedad de ciertos bienes pero los impuestos que se aplican por su transmisión (herencia) no serían recomendables, desde la posición del autor, pues le quitan una parte de su valor y desincentivan el ahorro [19]. Esto genera que disminuyan los recursos destinados para invertirse en el futuro [20].

Tomas Piketty, el “socialismo” participativo y los impuestos sobre la herencia

Piketty sostiene que las comunidades legitiman la desigualdad existente a través de una ideología que la justifica [21]. La ideología imperante no es natural para los seres humanos, esta cambia frente a nuevas circunstancias sociales y económicas.

Ante el panorama “neopropietarista” en el que nos encontramos, la justificación de la desigualdad se produce por la quimera de la meritocracia [22] y la defensa, casi absoluta, de la propiedad privada. Esta lógica permitió la concentración del capital que impide el desarrollo pleno de la ciudadanía.

Piketty plantea abordar este problema político y económico no solo desde una perspectiva nacional sino comunitaria y participativa. La circulación del capital requiere la participación de los países para intercambiar información, establecer una misma base impositiva y permitir la circulación libre de los ciudadanos [23].

Este autor, a diferencia de Marx, no sostiene que deba desaparecer la propiedad privada ni cuestiona la relación de producción de la sociedad capitalista. Su propuesta busca redistribuir la riqueza y el poder que se encuentra concentrado en un pequeño grupo a nivel mundial.  Resulta interesante mencionar que sus propuestas pretenden convertir a la propiedad privada permanente en temporal [24]. No solo eso, el poder dentro de las empresas para la toma de decisiones debería repartirse entre los accionistas y los trabajadores. Este mecanismo permitiría una deliberación colectiva sobre el devenir de la unidad económica [25].

La redistribución de la riqueza se realizará a través de la recaudación de impuestos directos con una marcada progresividad [26]. El impuesto a la renta, al patrimonio de las grandes fortunas y la herencia con tasas elevadas serían las bases de este nuevo sistema tributario. El autor demuestra que una elevada progresividad en los impuestos directos no genera necesariamente una disminución en el crecimiento [27].

El impuesto a la herencia permitirá evitar una concentración excesiva del capital [28] mediante la redistribución de una parte de las fortunas producidas por los causantes a favor de la comunidad. Este esquema no busca eliminar completamente la figura de la herencia pues aún quedaría un margen considerable de riqueza de la que podrían disponer los dueños de grandes fortunas. 

El autor explica, desde una revisión histórica, que una imposición progresiva sobre el impuesto a la herencia con tipos impositivos elevados no conduce a una desarticulación de la sociedad, de los derechos de propiedad, ni a una disminución de la actividad económica [29], a diferencia de lo que podrían sostener sectores conservadores. El objetivo del impuesto a la herencia en su “socialismo participativo” sería combatir la desigualdad existente para garantizar una ciudadanía plena para toda la comunidad. Este instrumento formaría parte esencial de una herramienta para combatir la ideología “neopropietarista”.

El dinero que se recaude de la imposición directa servirá para poder financiar servicios públicos eficientes y poder otorgar un capital mínimo a cada persona de 25 años equivalente al 60% del patrimonio medio por adulto [30]. El fondo serviría para comprar una vivienda o formar un negocio. 

Una aproximación al pensamiento liberal de “The Economist” y el impuesto a la herencia

Este semanario propone reinventar el liberalismo para el Siglo XXI en el ensayo “The Economist at 175” [31] publicado en el 2018. El mundo vive varios retos por la transformación producida por la revolución tecnológica. La concentración del poder, desigualdad de oportunidades, el cambio climático y la intrusión tecnológica sobre la vida privada generan un nuevo panorama que exige pensar en soluciones para combatir estos problemas. Los derechos adquiridos por los ciudadanos en el siglo anterior no responden a los problemas de este siglo. Por esta razón, se requiere un nuevo contrato social.

Al provenir de una postura liberal, la base para el desarrollo de la sociedad deviene por garantizar la libertad. En el ámbito económico, esta libertad implica el libre intercambio de bienes y servicios; sin embargo, esta postura entiende que una verdadera libertad debe partir por evitar la concentración de un poder que sea capaz de provocar distorsiones en el libre mercado. Hay una crítica hacia los liberales modernos por defender el statu quo proveniente de la economía de mercado pero sin tener en cuenta que este sistema genera problemas para la sociedad. El liberalismo debe defender el progreso de todos los ciudadanos. 

La acumulación de riqueza genera un poder político que podría distorsionar el correcto funcionamiento del Estado y del mercado. En este sentido, se recomienda una reforma en la imposición directa a través de la reducción del impuesto a la renta sobre el trabajo, aumento del impuesto a la propiedad sobre la tierra, las ganancias de capital. También se recomienda implantar el impuesto a la herencia para limitar la acumulación de riqueza y diseñar una ley eficiente que evite los mecanismos elusivos que utilizan los ciudadanos para evitar el pago del impuesto a la herencia.

A través de esta reseña quisimos mostrar las ideas políticas que existen sobre el impuesto a la herencia. El objetivo político de Marx es eliminar la propiedad privada. El impuesto a la herencia sería un instrumento para lograr ese objetivo. Esta propuesta no sería adecuada en una sociedad en la que existe un reconocimiento legítimo de la propiedad privada. 

Por otra parte, Adam Smith considera que un impuesto a la transmisión de propiedad desincentiva la inversión. Es cierto que este impuesto le quita una parte del valor al patrimonio que se transfiere y podría generar un desincentivo para el ahorro; sin embargo, consideramos que estos perjuicios no son insalvables. El capital por su propia naturaleza siempre es productivo [32]. Si bien el impuesto a la herencia extrae una parte del patrimonio que se hereda, la propiedad que se recibe puede utilizarse productivamente por lo que el nuevo propietario obtendría beneficios del patrimonio que recibe. 

No solo eso, este impuesto supone un incentivo para que el heredero pueda desarrollar actividades económicas productivas que le permita obtener la liquidez suficiente que le permita pagar el impuesto a la herencia o utilizar el propio capital que se va a heredar para que le genere rendimientos que permitan el pago.

Sin perjuicio de eso, no puede negarse que el impuesto a la herencia produce una disminución en el patrimonio de los ciudadanos y que pueden conducir al desincentivo del ahorro, pero la imposición sobre estas riquezas se justifica por la finalidad pública que se persigue: la redistribución de la riqueza como un mecanismo que permita garantizar los derechos de todos los ciudadanos. 

La izquierda, representada por Piketty, y los liberales modernos concuerdan en la implantación de un impuesto a la herencia que permita limitar la acumulación del capital y permitir una redistribución de la riqueza para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.  En ambos casos se parte de la premisa de la existencia de la propiedad privada como concepto jurídico válido.  Podríamos decir que existe un consenso entre ambas líneas ideológicas sobre la necesidad de implantar un impuesto a la herencia pese a que las premisas en cada postura sean distintas.

Compatibilidad del tributo con el fin distributivo

La propiedad depende de los tributos para su realización, debido a que los derechos en general se traducen en costos para su efectividad. Ello no quiere decir que los derechos tienen costo, sino que para su materialización requieren de herramientas de asignación de gastos por parte del Estado, y ello solo es posible si es que se recauda recursos vía la aplicación de tributos.

La propiedad como derecho no es connatural a la persona, sino que es creación humana, y se reconoce como instrumento de la autonomía humana, pero a su vez vinculado al entretejido normativo del Estado, siendo ponderado con otros bienes, valores como el reparto de las cargas públicas, bienestar general u otros.

Ello es señalado por Cass Sunstein y Stephen Holmes debido a que la propiedad es una relación social legamente construida, un conjunto de reglas de acceso y exclusión creadas por los poderes legislativos, pero protegidas judicialmente [33]. En efecto, se requiere de un aparato judicial que funcione, con funcionarios capacitados y remunerados para que velen por la protección de cualquier situación jurídica afectada por terceros, y que interrumpa el goce del derecho de propiedad, en cualquiera de sus atributos.

De esta manera, el tributo se entiende no como una restricción, sino como una institución imprescindible para la realización de derechos individuales como la propiedad, y de derechos sociales, conectándolos de forma simétrica, ante la inexistencia de contradicciones entre la realización de ambos. Una manifestación de ello es que el financiamiento de los gastos públicos ofrece a los propietarios el funcionamiento de un aparato judicial y de un sistema que les ofrece tutela en caso de cualquier intromisión. Ello es advertido por Sunstein y Holmes, en los siguientes términos:

“Sin derechos de propiedad bien definidos, asignados sin ambigüedades y respaldados por la posibilidad de coerción legal, la propiedad no estimula la administración provechosa de esa propiedad.

(…)

El Estado no puede “dejar en paz al propietario”, por lo tanto, porque un propietario solo es tal en los términos precisos establecidos en momentos particulares por legislaturas y tribunales específicos” [34].

Sin perjuicio de lo anterior, el gravamen a la propiedad no se sustenta desde un punto de vista individualista, por el mero hecho de que sirven para su protección. El individuo que manifiesta riqueza es idóneo para contribuir a una serie de gastos desvinculados de su propio interés, con la finalidad de llevar a cabo políticas sociales redistributivas que promuevan el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Bajo el modelo del Estado social y democrático de derecho, “la función de los tributos no es únicamente la de financiar los servicios públicos o los gastos del aparato estatal, sino también distribuir la riqueza con equidad y solidaridad en el ámbito de la comunidad” [35].

De esta manera, bajo esta concepción, la propiedad privada es un derecho convencional cuya definición también depende de la adopción de una determinada teoría de la justicia (de una determinada concepción de la justicia distributiva) [36]. 

De hecho, como lo señala Saffie, “el conjunto de reglas y prácticas que conocemos como derecho tributario no es sólo un instrumento para la recaudación fiscal y el gasto público, sino que da cuenta de la identidad política de una comunidad y hace posible la adjudicación de problemas de justicia distributiva en nuestras relaciones sociales, permitiendo dejar atrás el auto-interés para dar lugar a la solidaridad” [37].

El tributo, entonces, no supone una sanción por la realización de un injusto o una restricción de derechos individuales, sino que es un medio de contribución general al sostenimiento de los gastos públicos [38], hallando su fundamento en la solidaridad y el deber de contribuir. 

Esto ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia de 5 de marzo de 2007, recaída bajo el Expediente No. 03797-2006-AA/TC, la cual desarrolla el concepto de poder tributario y para qué finalidad el Estado goza de la potestad tributaria citando a Juan Barquero: 

“Es evidente que se configura un compromiso de naturaleza constitucional que se fundamenta en valores básicos (libertad, igualdad, justicia y participación democrática en la formación del orden social y económico), los cuales deben entenderse no solo en un sentido formal, sino también material. Resulta de ello que el Estado y los poderes públicos instituidos por la Constitución “están comprometidos en la consecución de un orden social más igualitario y más justo, y eso afecta de manera muy especial a su actividad financiera”.

En este entendimiento del tributo, un impuesto a la herencia es plenamente compatible respecto a la finalidad que pretende cumplir, el cual se destina principalmente a la redistribución, aumento de la progresividad del sistema impositivo tributario a través de un gravamen a un patrimonio obtenido producto del azar y no por esfuerzo. No existe una afectación al derecho de propiedad ni al principio de no confiscatoriedad por la aplicación del tributo per se, debido a que la propiedad se encuentra conjugada dentro de un sistema normativo que admite la redistribución como un fin constitucionalmente legítimo. Por supuesto, la necesidad de un instrumento que cumpla fines redistributivos dependerá de cómo esté compuesta la sociedad en el cual se pretenda establecer. 

En la historia, existen distintos niveles de manifestación, aceptación y configuración de la desigualdad. El juicio de valor sobre si una situación de desigualdad es justa o no dependerá de cuál es el factor que la genera. La fuente más inaceptable de desigualdad es la creación de un sistema de castas o de segregación racial entre las cuales existan diferencias sustanciales en derechos, oportunidades y acceso a servicios básicos por el solo hecho a pertenecer a una etnia o cultura, como lo fue el régimen del Apartheid en Sudáfrica [39]. En segundo lugar, la estratificación social en base a la herencia, en el cual las personas llevarán una vida desigual dependiendo del azar. Finalmente, incluso si una sociedad hace un buen trabajo en otorgar servicios públicos, existirá desigualdad como resultado de la competencia económica y diferencias en habilidades personales, así como la apreciación del trabajo de cada individuo en la sociedad y mercado laboral [40].

¿Qué tipo de redistribución es deseable? La respuesta dependerá de la teoría de justicia social por la que se opte. Bajo la tesis de Rawls, “las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo, las desigualdades de riqueza y autoridad, solo son justas si producen beneficios compensadores para todos y, en particular, para los miembros menos aventajados de la sociedad” [41]

Rawls va incluso más allá señalando que las diferencias producidas por la lotería natural traducidas en diferentes habilidades personales también son moralmente arbitrarias si es que causan diferencias en la generación de riqueza. De hecho, la genética no puede justificar una proporción diferenciada en los beneficios materiales entre los trabajadores sin habilidades y los altamente capacitados.

Sin embargo, nosotros sostenemos que el Estado tiene como deber otorgar un mínimo social de recursos y no preocuparse por diferencias producto del esfuerzo personal o de la valoración en el mercado de las actividades de un sujeto, quién es libre de elegir el camino que desee. En ese mismo sentido, los individuos no tienen fundamentos morales para reclamar aquella riqueza heredada en virtud de su posición al nacer, pero si tienen legitimidad de reclamar aquella riqueza que generó a consecuencia de ello y por sus propias decisiones [42].

Ahora bien, con otorgar estas bases materiales mínimas no nos referimos a que el Estado solo deba limitarse a una función recaudadora y de mejoramiento de servicios públicos, creyendo que el tributo soluciona en sí mismo el problema de la redistribución. No compartimos la postura de Kaplow y Shavell respecto a que la redistribución utilizando mecanismos legales no tributarios no produce ventajas sobre la redistribución, a diferencia de lo que ocurriría utilizando el derecho tributario [43]. Es un mito, como advierte Liscow [44], que el tributo por su sola existencia y aplicación alcanzará sus fines redistributivos por sí solos: “Law and economics typically justifies the goal of maximizing efficiency by arguing that efficiency actually promotes social welfare maximization because efficient policies maximize the size of the pie that can then be redistributed through taxes”.

De esta manera, sostenemos que no basta con que exista un Impuesto a la Herencia, ya que la redistribución no se alcanza con la sola recaudación sino con efectivas políticas de asignación de gasto, para lo cual se utilizará no solo el derecho tributario sino el sistema jurídico en su conjunto.

Breves consideraciones de política fiscal sobre el Impuesto a la Herencia

La política tributaria se preocupa de la distribución de la carga impositiva y de los efectos de la tributación sobre los procesos económicos, debido a que la aplicación del sistema impositivo supone transferencias al sector público del ingreso generado por los contribuyentes, los cuales deben regresar como gastos realizados por el sector público, generando un círculo virtuoso.

Los gobiernos utilizan principios económicos que son aplicados a los sistemas tributarios con la finalidad de mejorarlos en beneficio de la sociedad. Entre ellos se encuentra la eficiencia, neutralidad, equidad y justicia. 

Un sistema impositivo es eficiente si obtiene la misma cantidad de ingresos a un costo menor para los contribuyentes. Pero no solo se habla del pago del tributo, lo cual es inevitable. Los impuestos también generan otros costos que una política fiscal debe evitar: (i) las pérdidas de peso muerto que resultan cuando los impuestos distorsionan [45] las decisiones que toman las personas (neutralidad); y, (ii) las cargas administrativas que los contribuyentes soportan para cumplir con las leyes fiscales. Entonces, un sistema impositivo eficiente, reduce al mínimo ambos costos.

Respecto al primero, es evidente que el impuesto a la herencia, como todo tributo, genera distorsiones en el comportamiento de los agentes en la economía. La distorsión en el comportamiento se puede explicar con los conceptos de efecto sustitución y efecto ingreso. 

El efecto sustitución se representa en el impuesto a la herencia de la siguiente manera: cuando se grava la herencia, la sociedad tiende a reducir sus incentivos de trabajo y ahorro en cabeza de los sujetos cuyo patrimonio será gravado, lo cual es indeseable ante una menor productividad del contribuyente. Ello generaría un menor impuesto por recaudar (no solo vinculado a la herencia, sino también al impuesto a la renta), incrementando el tiempo en actividades de ocio. Sin embargo, esta premisa asume que nos encontramos ante agentes racionales que conocen con certeza el momento exacto de su muerte, lo cual en realidad es impredecible [46].

Por otro lado, el income effect consiste en la reacción de los individuos de incrementar su riqueza con la finalidad de seguir ganando lo mismo o mayor dinero. Se trata de una reacción opuesta al efecto sustitución, lo cual también puede ser gatillado por la introducción del impuesto a la herencia. Sin embargo, no es posible predecir qué efecto prevalecerá, ya que será un tema empírico que dependerá de diversos factores como sociales, educacionales, culturales o de preferencia personal, siendo imposible ignorar la eventual aparición de ambos.

Los mercados no necesariamente producen una distribución justa del ingreso. La economía de mercado puede producir desigualdades en el ingreso y consumo que pueden llegar a no ser aceptables [47].  La justicia y equidad se vinculan al principio de capacidad de pago, el cual mide la equidad de un sistema impositivo. El principio de capacidad de pago conduce a dos conceptos básicos de equidad: la equidad vertical que establece que los contribuyentes con mayor capacidad de pago deben aportar una cantidad mayor; y, la equidad horizontal que establece que los contribuyentes con capacidad de pago similar deben pagar la misma cantidad [48].

Un impuesto a la herencia es un instrumento para reducir la desigualdad del ingreso. Como lo indica el propio Samuelson, los impuestos federales sobre el ingreso y la herencia son ejemplos de un esquema impositivo progresivo con fines distributivos [49]. Ello porque grava las transferencias mortis causa, reduciendo el ingreso de los que se benefician económicamente de la herencia, y es transferida, vía mejoramiento de los servicios públicos a los sectores más necesitados que no tuvieron la suerte de heredar patrimonio.

Historia del Impuesto a la Herencia en el Perú Republicano

La última ley peruana que gravó con un impuesto a las herencias en el país se emitió el 12 de febrero de 1916 durante el gobierno de José Pardo y Barreda. La Ley Nº 2227 creó el Impuesto a las herencias, donaciones y legados. Este impuesto no solo gravó las herencias. Las donaciones a favor de personas naturales también se incluyeron.

De acuerdo con el artículo Nº 1 de la Ley del Impuesto a las herencias, donaciones y legados, toda transmisión de bienes, acciones y derechos que se verifiquen por sucesión, a título de herencia, legado o donación estaban sujetos a este impuesto. El impuesto se aplicaba sobre una tasa variable en función al grado de parentesco entre el fallecido y el que adquiría los bienes. Los hijos, hijas y cónyuges se encontraban sujetos a la tasa del 1%, mientras que los parientes de grado más lejano y extraños (no familiares) tenían que pagar una tasa del 10%.

De acuerdo con Alva Mateucci [50], este tributo se derogó durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) por ser “antitécnico” [51] y de muy difícil recaudación. Sobre este último punto, debemos comentar que durante esa etapa histórica en el Perú se encontraba en una profunda crisis social y económica. No se contaba con la tecnología y herramientas necesarias para combatir la evasión y elusión que actualmente tiene la Administración Tributaria por lo que este argumento no puede ser a priori utilizado como argumento en la discusión actual sobre el impuesto a la herencia [52]. 

Desde la derogación de este tributo en el gobierno de Belaunde, este tributo no ha vuelto a reimplantarse en el Perú. Debe tenerse en cuenta que el partido político Gana Perú, cuyo candidato presidencial fue Ollanta Humala, quien llegó a ser presidente, propuso en su plan de gobierno para el periodo 2011-2016 la restitución del impuesto a la herencia a partir de cierto nivel de riqueza. Este partido proponía que el tributo debía establecerse con criterios de equidad [53]. Sin embargo, esta propuesta no llegó a concretarse. En realidad, el presidente Humala ni su bancada sometieron a debate esta propuesta.

Un sector de la doctrina [54] sostuvo que durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) se estableció un “impuesto a la herencia” cuando se modificaron las reglas para determinar el costo computable en el caso de la enajenación de inmuebles para las personas naturales.

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1112 [55], se estableció que el costo computable para las personas naturales que enajenaban (vendían) un inmueble sería 0 si el inmueble lo adquirieron a título gratuito; es decir, si se vendía un inmueble que se adquirió por herencia, la base imponible del Impuesto a la Renta sería todo el importe que se le pague a la persona natural por la venta sin aceptar una disminución por “costo computable”. En ese caso, la persona no realizó ninguna erogación para adquirir ese bien pues fue gratuita, por lo que no sería razonable aceptar una deducción de la base [56].  Sin embargo, esta afirmación no es cierta pues el Impuesto a la Renta no grava la adquisición gratuita del patrimonio que recibe el heredero, sino la ganancia que obtiene el heredero por vender el inmueble. 

Durante la última campaña presidencial (2016), los partidos políticos [57] no tuvieron como propuesta la implantación de un impuesto a la herencia. En el mejor de los casos, el partido político Frente Amplio propuso en su plan de gobierno [58] para el periodo 2016-2021 aumentar la presión tributaria ante la desigual distribución de riqueza que existe entre los peruanos y peruanos. 

Debe indicarse que Farid Matuk, candidato al Congreso de la República por el Frente Amplio para el periodo 2020-2021, propuso la creación del impuesto a la herencia [59]. Esta propuesta no fue parte de la agenda del partido político Frente Amplio.

Concluimos que durante los últimos años no hubo un debate serio sobre los beneficios de implantar un impuesto a la herencia en el Perú. Por esta razón, frente a una severa crisis económica que evidencia los graves problemas de desigualdad en el país, surge la necesidad de someter a debate la creación de un impuesto a la herencia en el Perú que permita un sistema tributario más progresivo.

¿Un Impuesto a la Herencia en el Perú?

Consideramos que el Impuesto a la Herencia tiene fundamentos que legitiman su instrumentalización como medio para reducir la desigualdad en el Perú. Nuestras conclusiones son las siguientes:

  • A nivel político, existe consenso entre el liberalismo moderno y la izquierda sobre la implantación de un impuesto sobre la herencia; sin embargo, los argumentos no son coincidentes. El liberalismo lo plantea como una herramienta contra el desmedido incremento del poder económico. La riqueza puede capturar al poder político; por eso es deseable limitar su concentración. La izquierda prioriza el fin redistributivo que se consigue con la imposición sobre la herencia. La redistribución de la riqueza proveniente de la herencia permite que el Estado obtenga recursos económicos que servirán para garantizar los derechos de las mayorías.  
  • La introducción de un Impuesto a la Herencia presupone un país con importantes índices de desigualdad, ya que ello legitima los fines del tributo. Según un estudio de Oxfam del año 2019 [60], en el ranking de desigualdad global, el Perú se ubica entre el 2010 y 2016 por encima de la posición 100, con un pico en el 2014, con la posición 157 de un total de 184 países, ubicándose entre los países de rango de desigualdad más elevado. 

Esta situación se agrava en el contexto actual de crisis económica a raíz de la pandemia del COVID-19. Ello es advertido, en el contexto de Estados Unidos, por Markovitz [61] quién señala que aquellos sujetos con estudios y hogares cómodos tendrán mayores facilidades para trabajar desde sus casas sin exponerse a los riesgos de contagio, a diferencia de las personas que requieren un traslado físico para la prestación de sus servicios o aquellos que no cuentan con altos niveles de educación y capacitación.

  • El tributo, dentro del paradigma del Estado Constitucional, no solo es un instrumento de recaudación sino también cumple fines redistributivos, al ser un objetivo constitucionalmente legítimo. El Impuesto a la Herencia se destina a corregir la desigualdad producida por el azar de nacer en un entorno privilegiado, mas no a corregir aquellas asignaciones de valor que otorga el mercado al trabajo de cada individuo. 

Respecto a las implicancias en materia de política fiscal, excede a los propósitos del presente artículo concluir qué tipo de efecto prevalecerá en la economía (sustitución o ingreso), en tanto ello requiere de análisis e investigación empírica.

  • El impuesto a la herencia no es un “robo” a la propiedad privada como lo entienden las posturas individualistas. Las personas somos seres sociales que vivimos dentro de una comunidad. El funcionamiento de la comunidad requiere de la asunción de deberes por parte de los ciudadanos para garantizarla. Uno de estos deberes consiste en aportar con la riqueza privada al Estado. La imposición no debe plantearse desde una óptica individualista donde se tributa porque el Estado retribuye por servicios, sino como un aporte para el funcionamiento de la sociedad. Los impuestos no necesariamente servirán para que un ciudadano particular obtenga algún beneficio específico. En este sentido, gravar con el impuesto a la herencia permite redistribuir una parte de la riqueza que se obtuvo por una cuestión tan aleatoria como los lazos sanguíneos para el beneficio de toda la comunidad.
  • La transmisión de las herencias es un aliciente para la concentración de la propiedad. Esta acumulación limita la distribución equitativa del capital dentro de la sociedad. Una verdad sociedad meritocrática debe incentivar que el capital pueda distribuirse de forma accesible para que todos los ciudadanos puedan participar en un mercado donde existan igualdad de condiciones. 
  • Una crisis social y económica como la que padecemos implica que el Estado deba asumir gastos importantes para la supervivencia de la población y la recuperación económica. En este escenario de gastos, cabe preguntarse: ¿quiénes serán los que asuman finalmente la carga tributaria de la “reconstrucción” del país?

El Impuesto General a las Ventas (IGV) [62] genera una mayor recaudación que el Impuesto a la Renta en el Perú. El IGV es un tributo regresivo pues grava con la misma tasa a todos los ciudadanos con prescindencia de si nivel real de riqueza. No solo eso, nuestro régimen del Impuesto a la Renta para las personas naturales no es progresivo pues grava con una tasa progresiva acumulativa a las rentas provenientes del trabajo que puede llegar hasta la tasa del 30%; sin embargo, las personas que obtiene rentas por dividendos, regalías, ganancias por ventas de acciones tributan a una tasa efectiva del 5%. 

Las rentas que provienen del capital son de titularidad de las clases con una mayor riqueza pues la renta de la clase media proviene básicamente del trabajo. En este escenario, un impuesto a las herencias permitiría una mayor progresividad sobre las rentas de las personas naturales. De esta manera, podría reducirse la imposición sobre el IGV que finalmente se asume sobre todos los consumidores.


Notas

[1] Revisar la obra de Francis Fukuyama: “The end of history and last man”. 1992. Free Press. New York.

[2]PIKETTY, Thomas. (2019). “Capital e Ideología”. Editorial PAIDOS. Traducción de Daniel Fuentes. Santiago de Chile. p. 776-781.

[3] Ibid. p. 843-844.

[4] Los estados se encargaron de crear marcos jurídicos a través de las constituciones para garantizar el desarrollo de la economía neopropietarista a partir de una concepción liberal del derecho a la propiedad privada. A modo de ejemplo, la Constitución Política del Perú de 1993 establece como un derecho fundamental  la propiedad y la herencia (numeral 16 del artículo Nº 2 de la Constitución), garantiza la libre iniciativa privada (artículo Nº 58), la propiedad privada solo puede limitarse por causa de seguridad nacional o necesidad pública (artículo Nº 70 de la Constitución) a diferencia de la Constitución Política de 1979 que permitía la expropiación por interés social.

[5] Es más difícil para un niño que proviene de una familia humilde tener las mismas condiciones de éxito frente a un niño que proviene de una familia con el capital suficiente para garantizar una buena educación. Las oportunidades de desarrollo se relacionan con el poder adquisitivo que se tiene para poder cumplir los proyectos de vida.

[6] Este sistema económico y político también origina que la riqueza generada no sea distribuida de forma equitativa en la sociedad. Ruger Bregman sostiene que el régimen económico actual permitió que la riqueza se concentre en un sector rentista que obtiene el beneficio por la posesión de bienes, como la banca (dinero) la industria farmacéutica (patentes) y los nuevos negocios digitales (lugares digitales) antes que por la producción de nueva riqueza. El problema con este sistema es que el rentismo moderno no se preocupa en crear nueva riqueza, sino solo “devorarla”, lo cual conducirá a una nueva crisis (ver: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/30/wealth-banks-google-facebook-society-economy-parasites). 

[7] “Even paragons of modern progress like Apple, Amazon, Google, Facebook, Uber and Airbnb are woven from the fabric of rentierism. Firstly, because they owe their existence to government discoveries and inventions (every sliver of fundamental technology in the iPhone, from the internet to batteries and from touchscreens to voice recognition, was invented by researchers on the government payroll). And second, because they tie themselves into knots to avoid paying taxes, retaining countless bankers, lawyers, and lobbyists for this very purpose”. Ver: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/30/wealth-banks-google-facebook-society-economy-parasites

[8] No solo eso, la figura del rent-seeking permite que muchas empresas obtengan un mayor beneficio del que obtendrían en un mercado competitivo. Este beneficio se obtiene por lobby en el sector público para la creación de normas que las beneficien (por ejemplo, exoneraciones tributarias, subsidios o limitaciones a la competencia) a costa de otras empresas. Ver: https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/11/07/have-billionaires-accumulated-their-wealth-illegitimately 

[9] MARX, K., & ENGELS, F. (2011). Manifiesto del partido comunista. Centro de Estudios Socialistas Karl Marx. México. p.  30. 

[10] Ibid. p.  48.

[11]  Ibid. p.  57.

[12] Marx, K (1980). Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional, por Karl Marx. En: Obras Escogidas. Tomo II. Edición en castellano. p. 45.

[13] Marx, K (2015). Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Colección Clásicos del Marxismo. Traducido por Grupo de Traductores de la Fundación Federico Engels. Madrid. p. 129.

[14] Marx, K (1980). Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central Provisional, por Karl Marx. En: Obras Escogidas. Tomo II. Moscú. Edición en castellano. p. 45.

[15] Engels, F. (2011). Principios del Comunismo. En: Manifiesto del partido comunista. Centro de Estudios Socialistas Karl Marx. México. p.  118.

[16] Marx, K., & Engels, F. (2011). Manifiesto del partido comunista. Centro de Estudios Socialistas Karl Marx. México. p.  57.

[17] Revisar la mayor obra del autor: “La Riqueza de las Naciones”. Esta obra se publicó en 1776.

[18] Adam Smith. La Riqueza de las Naciones. Traducción de Carlos Rodríguez Braun. Primera Reimpresión 1996. Alianza Editorial.  Edición original publicada en 1776.  Libro V. Título II. p. 746.

[19] Ibid. p. 761.

[20] Adam Smith plantea una visión ciertamente pesimista del Estado. Él indica que los impuestos sobre las transmisiones patrimoniales “elevan el ingreso del soberano, que rara vez mantiene otra cosa que no sean trabajadores improductivos” (p. 761). No consideramos correcta esta afirmación pues se parte de un prejuicio que no puede ser contrastable.

[21] PIKETTY, Thomas. (2019). “Capital e Ideología”. Editorial PAIDOS. Traducción de Daniel Fuentes. Santiago de Chile. p. 11.

[22] Ibid. p. 848-852.

[23] Ibid. p. 1211-1215.

[24] Ibid. p. 1172-1173.

[25] Ibid. p. 1152-1155.

[26] Ibid. p. 1155-1159, 1162-1167.

[27] Estados Unidos tuvo altas tasas del Impuesto a la Renta y de Sucesiones luego de las guerras mundiales y, a diferencia de lo que comúnmente se sostiene, el crecimiento económico fue superior al producido durante la era Reegan (p. 650-652).

[28] Ibid. p. 1152-1156.

[29] Ibid. p. 177.

[30] Ibid. p. 1165.

[31] Ver: https://www.economist.com/essay/2018/09/13/the-economist-at-175. Las ideas que se explican provienen de este ensayo.

[32] PIKETTY, Thomas. (2019). “Capital e Ideología”. Editorial PAIDOS. Traducción de Daniel Fuentes. Santiago de Chile. p. 1172.

[33] SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos. Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pág. 84.

[34] Ibídem, pág. 89.

[35] KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. El régimen económico de la Constitución de 1993. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2012, pág. 216.

[36] MURPHY, L. y NAGEL, T. The Myth of Ownership. Taxes and Justice. New York, Oxford, 2001, pág. 15.

[37] SAFFIE GATICA, Francisco. Justicia distributiva e impuestos: la importancia del derecho tributario.

[38] ROSEMBUJ, Tulio. El fraude de la ley y el abuso de las formas en el derecho tributario. Madrid, Marcial Pons, 1994, pág. 91

[39] Se trató de un sistema político en Sudáfrica que estableció privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población africana de forma sistemática e institucionalizada. Véase: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190503/462004443147/que-era-el-apartheid.html#:~:text=El%20Partido%20Nacional%20aprob%C3%B3%20317,lengua%20afrik%C3%A1ans%20significa%20%E2%80%9Cseparaci%C3%B3n%E2%80%9D

[40] MURPHY, L. y NAGEL, T. The Myth of Ownership. Taxes and Justice. New York, Oxford, 2001, pág. 57.

[41] RALWS, John. Teoría de la justicia. Sexta reimpresión. México: D.F. Fondo de cultura económica, 2006, pág 27

[42] ASLTOTT, Anne. Equal opportunity and inheritance taxation. Yale Law School, Public Law Working Paper No. 117, 2007.

[43] KAPLOW, Louis y SHAVELL, Stephen. Why the legal system is less efficient than the Income Tax Redistributing income. The Journal of Legal Studies, Vol 23, No. 2, 1994.

[44]  LISCOW, Zachary. Is efficiency biased?. University of Chicago Law Review, Vol N° 85, 2018, pág. 1662.

[45]  MANKIW, Gregory. “Capítulo 12: Diseño del sistema impositivo”. Principios de economía. Harvard Press, 2002.

[46]  ASLTOTT, Anne. Equal opportunity and inheritance taxation. Yale Law School, Public Law Working Paper No. 117, 2007, pág. 496.

[47] SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. “Capítulo 2: Los mercados y el Estado en la economía moderna”. Economía. Véase: http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/biblio_sin_paredes/maestria/dir_indus/Econom_samuelson/cap/02.pdf

[48] MANKIW, Gregory. “Capítulo 12: Diseño del sistema impositivo”. Principios de economía. Harvard Press, 2002, pág. 247.

[49] SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. Ob cit, pág. 37.

[50]  Revisar:  http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2011/05/11/el-impuesto-a-las-herencias-donaciones-y-legados-resulta-pertinente-su-creacion-en-la-actualidad/#more-339 

[51] El autor no explica por qué el impuesto a la herencia sería antitécnico. 

[52] En cualquier caso, es cierto que la “ingeniería de la elusión” es cada vez más compleja y esto eleva la dificultad para cobrar el impuesto. Sin embargo, el argumento de la “difícil recaudación”, como discutimos previamente, no debe ser un óbice para la búsqueda de un sistema tributario más progresivo en el Perú. La tecnología permite recabar una gran cantidad de información a través del Internet. Esta información debe ser accesible para la Administración Tributaria. De todos modos, la dificultad de un impuesto debe ser un incentivo para que la Administración Tributaria innove y mejore sus procesos internos.

[53]  Revisar la página Nº 70 del Plan de Gobierno https://www.presidencia.gob.pe/images/archivos/plandegobierno_ganaperu_2011-2016.pdf.

[54]  Revisar: https://capital.pe/actualidad/existe-un-impuesto-a-la-herencia-noticia-508055 

[55] El Decreto Legislativo Nº 1112 se publicó el 29 de junio del 2012 en el Diario Oficial El Peruano.

[56] Sin perjuicio de eso, esta norma permitía utilizar como costo computable el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que se acredite de manera fehaciente. Esta regla se estableció en el inciso a.2 del numeral 21.1 del artículo Nº 21 de la Ley del Impuesto a la Renta.

[57] Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/198519/plandegobierno.pdf, https://www.telesurtv.net/pages/PDF/keiko-pdf.pdf, http://accionpopular.com.pe/wp-content/uploads/2016/10/Plan_de_Gobierno_AP_20.12.15.pdf, http://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/2/8/9/1289274.pdf , http://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/2/8/9/1289278.pdf, https://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/2/7/127392.pdf  

[58] Ver: http://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/2/8/9/1289276.pdf 

[59] Ver: http://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/2/8/9/1289276.pdf 

[60] ALARCO, Germán, CASTILLO, César y LEIVA, Favio. Riqueza y desigualdad en el Perú: visión panorámica. Lima: Oxfam, 2019, pág. 149.

[61] MARKOVITS, Daniel. A wealth tax is the logical way to support coronavirus relief. New York Times, 2020. Consultado en: https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-wealth-tax.html 

[62]  Ver cuadro Nº 21 de la Cuenta General de la República del Perú del año 2018 ( https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/2018/comp_tributario2018_tomo1.pdf).  


Bibliografía

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