domingo 24 octubre 2021

Actualidad del memorialismo en España: estado, logros y limitaciones

Patricia Biesa Marco*

La memoria histórica en la amplitud del Estado español viene siendo un tema de actualidad desde hace lustros, que tomó relevancia a nivel institucional a partir de los gobiernos de izquierda que han sido elegidos desde que, como tal, España se considera democracia y se da por concluida la Transición hacia la misma. El concepto de memoria histórica ha sido teorizado por multitud de autores, desde la historia y la historiografía. Grosso modo, desde el ámbito al que nos vamos a remitir, en el memorialismo, la memoria histórica se presenta como un ejercicio necesario de recuperación de unos relatos, que, en un período histórico delimitado han intentado ser silenciados por el poder político respectivo, y que, en aras de conseguir que los archivos históricos tanto de vencidos como de vencedores sean equiparables y puedan contribuir a un concepto inclusivo de Historia han de ser compilados.

Así pues, la memoria histórica tiene un cariz necesariamente político, y está ligado a un ámbito tan práctico como el de las políticas públicas.

A nivel académico, hace décadas que la controversia entre las diferencias de Historia y Memoria Histórica está servida. Autores como Santos Julià, lo que desgranan es que la Historia tiene un carácter racional y objetivo del que carece la Memoria Histórica. Desde una perspectiva de un análisis enraizado en el conocimiento amplio de las realidades sociales y personales, lo que se evidencia es que, a nivel ontológico y epistemológico, cuando nos referimos a las sociedades y al conocimiento y transmisión del mismo que se genera en ellas, estamos hablando continuamente de sujetos, no de objetos, con todo lo que ello implica. La capacidad agente de estas sociedades es variable y, este hecho también ha de ser tomado en consideración. Una vez se impone militarmente la dictadura franco-falangista, entre otras muchas políticas, se puede citar aquella que ideologiza de una manera absoluta los nombres de vías y plazas públicas. Se trata de una herramienta más del poder político para imponer “su” verdad, “sus” valores y objetivos, que no tienen ni por qué ser legítimos ni éticamente aceptables. Así pues, son las dinámicas sociales sumergidas por completo en la jerarquización y la asimetría agente a nivel político durante un determinado período histórico (habitualmente, aparato estatal autoritario – colectividad despojada de libertades) las que hacen necesaria la plena vigencia de la Memoria Histórica, en tanto que la recuperación de un patrimonio popular o comunitario que ha intentado ser borrado en la imposición de un relato histórico por parte del poder político, en el caso de España, la dictadura franquista.

Así pues, la diferencia sustantiva entre Historia y Memoria Histórica o, Memoria Democrática, sería el carácter de aplicación práctica indesligable de este último concepto. En este sentido, lo que intenta todo el memorialismo en España es recuperar la memoria material e inmaterial de personas exiliadas, asesinadas, desaparecidas, humilladas, despojadas de toda dignidad, de sus familiares y, represaliadas, en general, de una cantidad de formas verdaderamente ingente.

Cabe señalar, previo a todo análisis, que la actividad memorialista en España la realizan asociaciones memorialistas, germinadas por todo el territorio estatal y que dan cumplimiento a la aspiración de “verdad, justicia y reparación”. Con la imposición política del neoliberalismo a partir de la crisis de 1973, es evidente la privatización de diferentes bienes y servicios públicos. Podríamos afirmar que la constante con la que nos topamos en España relativa a la Memoria Histórica y su recuperación, es la privatización de la dignidad. Es decir, hasta la actualidad, el memorialismo es una práctica política que ha sido llevada cabo por asociaciones, no por el Estado español: la sociedad civil es la que tiene que asociarse para poder cumplir sus aspiraciones porque el Estado no ofrece como públicos estos servicios de memoria a la ciudadanía.

Podríamos ahondar en los motivos por los cuales el Estado no asume esta competencia, sólo los citaremos. Como se expone líneas más arriba, la Memoria Histórica no puede soslayar la vía práctica, de las políticas públicas, porque tiene presente la máxima de no repetición, de todas las prácticas deleznables que generan la represión que viene a rememorar, para no repetirla. Evidentemente, se trata de un tema ideológico, que está asociado a los valores de defensa de la democracia o acracia –muchos antifranquistas y guerrilleros eran anarquistas-, de la dignidad y Derechos Humanos, lo cual no es asumido por una parte del espectro político partidista en España.

También es evidente esto último, porque si hubiera habido suficiente iniciativa política por parte de derecha e izquierda parlamentaria, no sólo por parte de la izquierda, se podría haber avanzado en democracia y memorialismo, teniendo siempre como guía las diferentes políticas de memoria y convenciones internacionales sobre esta temática. En efecto, de manera sucinta hablaremos de la legislación en que se apoyan las prácticas
memorialistas en España. La legislación internacional relativa al asunto es muy voluminosa.

Destacan, de manera capital, los Principios redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Aquí se incluyen principios como el Derecho inalienable a la verdad, en que se especifica que “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas a la perpetración de esos crímenes” o, el Derecho de recordar, que establece que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones”, así encaminando medidas para “preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”. Asimismo, podemos tomar como referencia el documento titulado “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y
protección de las minorías, reconoce la memoria como un presupuesto necesario para los derechos de verdad, justicia y reparación.

A nivel estatal, el documento capital que facilita la actividad de las asociaciones memorialistas es la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Los aspectos más destacados de la Ley, en tanto que aplicación práctica, son los siguientes: en el artículo 1.1., que incluye “adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”; el 1.2., establece que “mediante la presente Ley, como política pública –de ahí el carácter estricto de aplicación práctica- se pretende el fomento de los valores y
principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura (…).”; el “Reconocimiento general” (Artículo 2) en que “se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por la mismas causas durante la Dictadura”; y, la “Declaración de ilegitimidad” (Artículo 3.1.), que “declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones”. Uno de los aspectos destacados de esta Ley, también es la Declaración de reparación y reconocimiento personal. Así pues, esta herramienta legislativa establece los términos básicos para poder llevar a cabo la actividad memorialista. La carencia, más evidente y, que veremos que es una constante en todo lo relativo a la memoria histórica, es el hecho de que el cumplimiento de los aspectos legislativos que deberían trasladarse a la práctica en tanto que política pública son contingentes.

No son de obligatorio cumplimiento. Son recomendables, muy buenas iniciativas, pero a nivel legal no son tan necesarios como al nivel humano y sociológico.

A nivel autonómico, podemos destacar leyes como la de Memoria Democrática de Aragón, Ley 14/2018, de 8 de noviembre, en que también se explicita el carácter de aplicación práctica, “el Gobierno de Aragón promoverá medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas que lo fueron por participar en la vida democrática y defenderla, así como a las instituciones, organizaciones o colectivos sociales y sindicales que contribuyeron a la defensa de la democracia y a la lucha por la pervivencia de la legalidad republicana”. Del mismo modo, crea un Departamento de Memoria Democrática a que dirigirse para diferentes consultas relativas a esta materia.

A nivel estatal, existe la Dirección General de Memoria Democrática. La problemática común a ambos estamentos administrativos es que dependen de pocas personas y no son del todo eficaces, porque la maraña de la administración pública hace que se fusionen departamentos y se le pierda un poco la pista en el caso autonómico. En el segundo caso, el problema que hemos comentado es el de que, en memoria histórica, y, derechos sociales en general, el Estado del Bienestar nos da recomendaciones, más que el cumplimiento efectivo de esos derechos. A nivel autonómico, es imposible soslayar la labor de las comunidades autónomas con un rendimiento sobresaliente en esta materia. Tanto el Gobierno Foral de Navarra como la Generalidad de Cataluña tienen departamentos perfectamente operativos y disponibles para consultas y para facilitar todos los documentos que se les requieran. Al tratarse de gobiernos progresistas en lo relativo a esta materia, en vez de resultar tedioso tratar con estos brazos de la administración pública española, es un alivio saber que no toda la estructura estatal se despreocupa por un asunto tan personal, tan político y necesario como es la memoria democrática. Baste mencionar la labor documental de ambos gobiernos, expresada en obras como Lur Azpian (Bajo Tierra), exposición sobre las exhumaciones en tierra navarra desde la Transición a la democracia hasta la actualidad, que también se plasmó en un libro; o, Expresos polítics. Memòria dels ajuts concedits pel Govern Català (Ex presos políticos: memoria de las ayudas concedidas por el Gobierno Catalán), un homenaje a modo de aproximación a los presos políticos en territorio catalán por la dictadura franquista. En el resto de comunidades autónomas, aunque el gobierno autonómico participe en la financiación de obras de esta índole, como Las voces del Silencio (Ruiz, Javier; 2009), en Aragón, la implicación gubernamental no está al mismo nivel, no es ni tan constante, ni se asemeja a la estructuralidad del compromiso de Navarra y Catalunya.

No obstante, uno de los puntos a destacar es que la labor memorialista se fragmenta en tareas que, asimismo, se dividen en muchas fases: tanto el proceso de llevar a cabo exhumaciones (pedir permisos, pedir subvenciones, pedir presupuestos, y así sucesivamente a la hora de rastrear dónde se ubica la fosa, comenzar a excavar, pedir restos de ADN a los familiares), como pudiera ser el de colocar una placa o monolito para dignificar a las víctimas de la dictadura (pedir permisos, obtener respuesta, volver a consensuarlo con la entidad pública local, pedir presupuesto, pedir subvenciones, etc.), o en cualquier otro proceso, incrementa el número de posibilidades de que las subvenciones que se piden sean concedidas, porque se trata de partes pequeñas de procesos muy grandes que en abstracto sí se presumen como difíciles de asumir a nivel económico. Y, pese a las mayorías absolutas de partidos de derecha a nivel estatal después de grandes crisis
gestionadas por partidos socialdemócratas, o, épocas de desprestigio de la izquierda parlamentaria en general, es muy complicado que a nivel comarcal o de diputación no se concedan subvenciones para estas materias. La parte positiva de que no sean cantidades elevadas anivel pecuniario es que la administración puede asumirlas; la parte no tan positiva es que la actividad memorialista es dura, no hay inmediatez – procesos como el de exhumación pueden ir alargándose -. Y, pese a sentir la losa de los 40 años de dictadura y los 40 de democracia que han olvidado a nuestros muertos, las asociaciones memorialistas y sus gentes, siguen adelante.

El problema relativo a esta ley, es que, pese al contenido, tan ajustado a la sensibilidad democrática con que hemos de aproximarnos a la recuperación de nuestro pasado, es el mismo que hemos señalado: en última instancia, necesitamos del favor del poder político (Ayuntamiento, Comarca, Diputación, Comunidad Autónoma, Gobierno de España –habitualmente, es la entidad pública local-) para poder llevar a cabo nuestra labor memorialista de dignificación. Y, no siempre es posible. Se trata de una lucha cuerpo a cuerpo, como la que desarrollaron nuestros compañeros previamente en nuestro mismo ámbito geográfico, los maquis, pero, en este caso, con palabras en vez de fusiles y con un paisaje que no nos suele ser favorable, un contexto, el municipal, que se mueve por filias y fobias personales y en que el enfrentamiento político es muy significativo para todas las partes, porque todas tienen su verdad y, todas han sufrido y no saben cómo cerrar sus heridas. Desde el memorialismo, creemos que para cerrar nuestras heridas, las de nuestro pasado, hemos de dignificar a todos nuestros muertos: en el entorno que denominamos comarcal, la represión franquista se desarrollaba de manera que se centralizaba en una o varias cárceles a los presos sindicalistas o que habían desarrollado actividades contrarias a la dictadura, pero cuando no existía la dictadura y su derecho, con lo cual, estar exento de ‘culpa’ o ‘delito’ bien político, moral, o personal, era algo muy difuso. Una vez centralizados los presos, se les volvía a dispersar en diferentes municipios a los que no pertenecían, se les fusilaba, se les terminaba de asesinar con el tiro de gracia (lo cual es muy útil a la hora de exhumar fosas e identificar a las víctimas de la barbarie franquista) y, en muchos casos, se les apilaba en fosas comunes cuyo único objetivo era hacerlos desaparecer (a veces, con cal viva), hacerlos desaparecer de nuestra memoria y también a nivel físico.

Una vez nos hemos adentrado en la práctica memorialista, será más sencillo comprender los avances y las limitaciones del nuevo anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Sigue siendo, por una parte, un texto que entiende a las víctimas del franquismo como unas víctimas que pueden ser honradas a nivel personal o moral, con la Declaración de reconocimiento y reparación de las víctimas que hemos mencionado líneas más arriba. Asimismo, se apoya ideológicamente no en las convicciones democráticas y la legitimidad de la II República frente a la legalidad franquista, sino a los principios constitucionales de la Transición. Y, como grandes medidas efectivas tiene la búsqueda de desaparecidos, recopilar archivos y documentación, garantizar el derecho a la justicia con una Fiscalía de Sala, llevara a cabo medidas de reparación (bienes expoliados, reconocimiento a víctimas de trabajos forzados, nacionalidad para exiliados y brigadistas internacionales) y un deber de memoria que refuerza la idea de retirar símbolos que exalten el franquismo, incluida la resignificación del Valle de los Caídos, medidas contra la exaltación del franquismo por individuales o colectivos, revocación de títulos nobiliarios y demás honores y, acciones en el plano educativo.

Las exhumaciones y el plano educativo serían dos puntos fundamentales, que, de ser asumidos, si cumplieran con los estándares internacionales del deber de verdad y de memoria. Hasta la fecha, el Estado no ha asumido estas materias y es muy complejo que las asuma pero, será interesante comprobar hasta qué punto todas estas iniciativas no son simbólicas, lo cual también en cierto punto marcará el éxito de este gobierno como alternativa real a lo que se estaba haciendo previamente, es decir, colocar al Gobierno y al Estado como espectadores del memorialismo.

Los dos últimos títulos del anteproyecto “reconocen la labor memorialista” pero crean un órgano consultivo que no parece estar lo suficientemente bien articulado y tiene visos de erigirse en testimonial; y, el último establece un régimen sancionador que habrá que ver cómo se desarrolla: si el Estado toma parte de lado de las víctimas del franquismo personándose cuando la dignidad de éstas se vea vulnerada. Hasta la fecha, podemos decir que, a nivel documental, hemos perdido mucho. Hasta qué punto podemos remediar eso y crear un fondo documental, con testimonios orales y escritos suficientes es algo en que tendrá que trabajar cada miembro de cada asociación memorialista comarcal de este Estado. A nivel de exhumaciones, se está avanzando considerablemente, pero, teniendo en cuenta que ni podemos estimar la cifra de asesinados y desaparecidos (fluctúa mucho) es difícil calcularlo en términos globales. En nuestras asociaciones y nuestras familias, lo que se busca con el memorialismo es no dejar de ver una sonrisa de emoción en los hijos e hijas del asesinado en cuestión o de la mujer torturada y vejada al homenajearles. Esa es la aspiración fundamental.

Las asociaciones que, a todas luces, están llevando a cabo una labor encomiable, en el ámbito geográfico al que pertenezco son el Batallón Cinco Villas, ARICO, CHARATA, y, por supuesto, mi Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Luesia, SIMIÉN. Nos quisieron enterrar, pero no sabíamos que éramos semillas. Su nombre no se borrará de la historia.


*Estudiante de Ciencia Política en la UCM, de 20 años. Perteneciente a la localidad de Luesia (Aragón). Activista política en diferentes movimientos sociales, entre ellos el memorialismo. Su trabajo escrito, hasta la fecha, se ha desarrollado dentro del ámbito universitario y de agitación política, así como el análisis sociológico en la plataforma Entre Trincheras (Instagram).

ÚLTIMAS NOTAS

Sala Silenciosa

Sala Parlante

ETIQUETAS